En Córdoba se destacan la realización de dos marchas por el derecho a la Salud Mental y la conformación de la asociación de usuarios Confluir.
Luz Saint-Phat – [email protected]
La consolidación de procesos de acción colectiva en torno al derecho a la salud mental y a la plena implementación de las leyes vigentes en ese campo fue protagonista durante 2015.
Así lo indica el capítulo destinado a esta problemática del Tercer Informe de la Comisión Provincial de la Memoria “Mirar tras los muros: Situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Córdoba”, elaborado en conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria y el Obseravatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba. La síntesis ejecutiva de esta publicación -que en su versión completa estará disponible recién en 2016- fue presentada ayer a la tarde en el Archivo Provincial de la Memoria. El trabajo de monitoreo de políticas tiene por objetivo hacer visibles de manera sistemática y plural distintas situaciones de vulneración de derechos en los lugares de encierro, para generar un debate social sobre lo que sucede en el interior de ellos.
Así, el informe aborda distintos aspectos referidos al derecho a la salud mental, a las políticas de seguridad y el accionar de la fuerza policial y a la situación de niños, niñas y jóvenes privados de libertad en instituciones no penales.
Específicamente en lo referido a la salud mental, se destacan este año las distintas acciones colectivas tendientes a reclamar por los derechos contemplados en las leyes nacional y provincial, y a visibilizar las distintas problemáticas por las que atraviesan los usuarios de los servicios. “Los tres informes que hemos presentado en estos años no pueden leerse por separado, sino que las problemáticas abordadas se van enriqueciendo y profundizando en cada edición”, dijo a Comercio y Justicia Jaschele Burijovich, integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.
“En este sentido, mientras en el primer reporte señalábamos que existía una debilidad organizativa en el campo de la salud mental, en este tercero indicamos que se consolidan los procesos de acción colectiva”, explicó Burijovich.
“Entendemos que a partir de la sanción de las leyes nacional y provincial de salud mental durante 2010, se comienza un camino que hubo que transitar y recorrer y, en este sentido, los informes han ido acompañando ese proceso”, añadió Natalia Monasterolo, también parte del Observatorio.
Sobre este punto, dice la síntesis ejecutiva el informe presentada ayer que “las acciones desarrolladas en los últimos años por los actores de la sociedad civil que participan del campo de la salud mental han abierto una oportunidad para favorecer las capacidades políticas y aporta a avanzar en la constitución de una alianza estratégica entre actores estatales prorreforma y representantes de la sociedad civil con voluntad transformadora”.
Así, el informe destaca la realización de dos marchas por el derecho a la salud mental en la ciudad de Córdoba, que tuvieron amplia adherencia de distintos colectivos y la conformación de la asociación “Confluir, usuarios en acción por el derecho a la salud mental”, entidad cuyos objetivos son velar por el cumplimiento de las leyes de salud mental, crear espacios de formación y capacitación, propiciar la participación de los usuarios de servicios de salud mental y fomentar actividades productivas y laborales entre tales usuarios.
Desafíos y políticas públicas
“A pesar del transcurso de los años, hemos podido constatar la existencia, todavía, de las salas de aislamiento o contención, que quizás no se denominan así pero continúan funcionando”, aseguró Burijovich.
“También aún existen las prácticas de sobremedicación y queda pendiente trabajar en la creación de dispositivos sustitutivos de la lógica manicomial”, indicó la integrante del Observatorio, y agregó: “Esto se da, fundamentalmente, por la falta de presupuesto para poder crear y trabajar con las herramientas que estipulan las leyes”.
Explicó Burijovich: “Por otro lado, en cuanto a la incidencia del trabajo del Observatorio en las políticas públicas, habíamos manifestado en años anteriores la necesidad de la incorporación de la problemática de las adicciones en la órbita de la salud y también señalábamos que no alcanzaba una dirección para institucionalizar la salud mental en el ámbito del Gobierno provincial”, y señaló: “En torno a estos puntos, el gobierno de (Juan) Schiaretti ha tomado estas sugerencias”.
Otras problemáticas
En el capítulo del informe destinado a la salud mental también se aborda la situación actual de las capacidades estatales para la plena implementación de las leyes a aquélla relativas, los servicios de salud mental en hospitales generales, la vinculación entre este campo y la justicia y la accesibilidad a los servicios. Además, se incluye por primera vez un informe sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad y el análisis de problemáticas emergentes, como las consecuencias de las inundaciones y la situación de los derechos de las personas en situación de calle.
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