La guía fue elaborada conjuntamente por el Colegio de Psicólogos de la provincia y el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos
Por Luz Saint Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info
Desde este mes, la provincia de Córdoba cuenta con su primer protocolo sistematizado para la intervención en situaciones de crisis y/o urgencias en salud mental, desarrollado en el marco de las leyes vigentes para el campo disciplinario tanto provincial como nacional.
La herramienta fue realizada mediante un trabajo conjunto que se inició en 2015 entre la Comisión de Salud Mental del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba y el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba.
“Pensar en protocolizar prácticas complejas, donde la multiplicidad de actores y contextos son diversos, implicó construcción y deconstrucción de saberes para poder mirar desde un abordaje integral con enfoque de derechos, tal como lo plantean la Ley Nacional 26657 y la Ley Provincial 9848”, dice el documento en su presentación, y agrega que “estos lineamientos son un instrumento destinado a todos los integrantes de los equipos de salud, de forma tal que la crisis y/o la urgencia puedan ser asistidas en cualquier instancia de la red de servicios sanitarios y sociales”.
La herramienta, que ya se encuentra disponible en Internet (https://issuu.com/colegiodepsicologoscba/docs/ddhh—isuu—02?fbclid=IwAR0o88jkZWpd3tuup36GBN-HQ4hp1uvd-umz_rLyihOaE2f4uV0-TqYWVlM=) y en papel en la sede del colegio profesional, consta de cuatro capítulos en los cuales se hace lugar a consideraciones teóricas y legislativas generales, se detallan las primeras medidas a tomar frente a situaciones de urgencia, se brindan reflexiones y posibilidades para guiar la intervención posterior que debe realizarse durante y luego de la crisis y, finalmente, se detallan algunos aspectos vinculados a la confección del documento.
“El protocolo pretende brindar un instrumento enmarcado tanto en la legislación vigente como en la normativa de derechos humanos para trabajar en este campo”, dijo en diálogo con Comercio y Justicia Elizabeth Nahum, quien es licenciada y profesora de Psicología, coordinadora terapéutica en el Área de Rehabilitación del Hospital Neuropsiquátrico, integrante de la Comisión de Salud Mental del Colegio de Psicólogos de Córdoba y secretaria de Prensa de la misma entidad.
“En realidad, se intenta brindar un panorama amplio. Se trata de que el accionar frente a una situación de crisis o de urgencia pueda ser entendida como parte de un proceso. La crisis debe comprenderse como un momento que tiene que poder ser acompañado y atravesado para continuar con los tratamientos necesarios y los cuidados dentro de la red de efectores”, agregó la especialista.
Lo importante, indicó Nahum, es que el documento “se plantea como una guía de trabajo para equipos de salud que estén en cualquier parte del sistema, no sólo para monovalentes o neuropsiquiátricos, sino también para quienes están en otros niveles pero que pueden encontrarse frente a una situación de crisis”.
En este sentido, afirmó la psicóloga, la herramienta se plantea como “de máxima” y constituye un “horizonte donde uno puede aspirar, pero sabemos que en la práctica puede resultar distinto”. Entre sus objetivos específicos, la publicación indica como prioridades: promover buenas prácticas en el ámbito público; brindar material de consulta, acompañamiento, guía y orientación; impulsar procedimientos administrativos que colaboren con el registro y seguimiento de los procesos de intervención en este campo; promover la sistematización de información obtenida en los casos particulares; y fortalecer el acceso a la información clara, por medio de la formulación de materiales para usuarios, familiares, referentes y comunidad.
El documento fue elogiado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lo consideró un “aporte valiosísimo”, según indicó el colegio que agrupa a los psicólogos en la provincia.
Consentimiento informado
Además de ofrecer un profuso marco conceptual y legislativo sobre las situaciones de crisis y urgencia y de proponer estrategias terapéuticas de abordaje desde una perspectiva integral e interdisciplinaria, el material desarrollado por las instituciones cordobesas enfatiza la necesidad de que los usuarios de los servicios estén debidamente informados sobre los procedimientos que se aplican en la intervención y puedan manifestar su consentimiento, siendo ésta una cuestión fundamental.
“Trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con el consentimiento. El interés es que, aunque se extremen cuidados y medidas, el usuario pueda ejercer sus derechos aun en esta situación”, explicó Nahum.
Así, el documento precisa que el consentimiento informado implica “un intercambio dinámico y continuo de información entre los miembros del equipo interdisciplinario y la persona que accede a la intervención”. Además, los profesionales deben asegurarse de que los individuos comprendan “la naturaleza, riesgos y beneficios de la intervención que se lleva a cabo y sus derechos”.
En tanto, también se detalla que el proceso de consentimiento no constituye una “sesión informativa de un minuto en la que se lee y firma un documento”, por lo cual quienes conducen la atención deben ceder “el tiempo correspondiente para esta actividad”.
