Se reclamará por la falta de avances en la implementación de las leyes nacional y provincial. También se plantea la problemática de la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad
Por Luz Saint-Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info
La falta de avances en la implementación de las leyes de salud mental -tanto en el ámbito nacional como en el provincial- será eje de la cuarta Marcha por el Derecho a la Salud Mental que se realizará en Córdoba.
Esta vez el foco estará puesto en hacer oír las voces de los usuarios de los servicios, bajo la consigna “¡Que se escuche nuestro canto, por la dignidad estamos luchando!”.
La movilización se realizará el 6 de octubre, viernes previo al 10, fecha en la cual se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental.
“El año pasado ‘nos plantamos’ para que no arrasen con nuestros derechos. Sin embargo, en este año se volvió a insistir en el uso del electroshock, se restringieron los espacios de participación de los usuarios, se intentó cercenar la capacidad de control de los órganos de monitoreo, reaparecieron con más fuerza los discursos que pretenden penalizar el consumo de sustancias, entre otros graves retrocesos como vulnerar los derechos de usuarios/as del sistema de salud mental y de quienes perciben pensiones no contributivas”, dice el borrador del documento que difundirá el colectivo organizador de la movilización, al que tuvo acceso Comercio y Justicia.
“El nuevo paradigma en salud mental está dirigido, primordialmente, a promover una transformación y a garantizar el pleno goce del derecho a la salud mental de todos los ciudadanos. Este objetivo requiere una actividad del Estado integral y con participación ciudadana”, agraga. No obstante, indica, “en lugar de avanzar en ese sentido se fragmenta aún más lo que con esfuerzo empezaba a construirse”.
Situación actual
Ahora, especifica el texto, en el ámbito nacional “todo vuelve a depender del sector salud, al desarticular la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (Conisma, ley nacional de salud mental y decreto reglamentario, artículo 36); en la Provincia no se constituye todavía el comité intersectorial (ley provincial 9848, capítulo VI). También, se debilita el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones creado a instancias de la ley nacional, que tiene como objetivo la participación activa de la sociedad en las decisiones públicas”.
En este sentido, continúa el documento, “las intervenciones que son necesarias de implementar a fin de cumplir con las nuevas leyes de salud mental deben poner el acento en el abordaje global de los problemas complejos que presenta el fin de la atención manicomial”.
Agrega el texto que, “sin embargo, aún persisten las concepciones de que las respuestas a los problemas de trabajo, educación, vivienda, salud de los/as usuarios/as de salud mental deben ser dadas al interior del propio sector, con lo cual se refuerza el modelo y las prácticas asilares”.
En tanto, “en reiteradas oportunidades distintos actores del campo de la salud mental vienen denunciando la persistencia y, aún más, la profundización de las lógicas manicomiales en las instituciones monovalentes. El deterioro de sus instalaciones, los recursos humanos y materiales insuficientes y precarizados, y la vulneración de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental se producen por la deficiente vigilancia de los mecanismos de control y monitoreo en estos establecimientos y los escasos avances en su sustitución”, dice el documento.
“Este modelo de atención en salud mental ha generado una crisis de abandono, abuso y violencia”, especifica.
“Se constata también la falta de una red de dispositivos sustitutivos, la insuficiencia de recursos en la comunidad, la ausencia de una estrategia integral para la atención en hospitales generales y el vaciamiento de áreas sensibles para el abordaje a la salud mental”, finaliza denunciando.
