ESCUCHARUn colectivo integrado por usuarios de servicios de salud, estudiantes, profesionales y organizaciones políticas y sociales reclama la plena implementación de las leyes sancionadas en los ámbitos nacional y provincial.
Por Luz Saint Phat – [email protected]
Por segundo año consecutivo, un colectivo conformado por usuarios de servicios de salud mental, estudiantes de distintas áreas, profesionales del campo disciplinar y organizaciones sociales y políticas convocan a la ciudadanía cordobesa a la Marcha por el Derecho a la Salud Mental.
Bajo la consigna “Del dicho al hecho… ¿Qué pasa con nuestros Derechos?”, la manifestación ocurrirá el próximo 8 de octubre; se iniciará a las 18 en la intersección de las avenidas Colón y La Cañada de la ciudad de Córdoba.
La movilización busca interpelar a los ciudadanos para que se interioricen respecto del estado actual del campo de la salud mental en la provincia y para que conozcan los principales desafíos y asuntos pendientes de la implementación de las leyes sancionadas a principios de la década por la Nación y la Provincia.
“En octubre se cumplen cinco años de la sanción de las leyes de Salud Mental Nacional (26657) y Provincial (9848) y hasta ahora no ha habido avances significativos sobre lo que estas leyes proponen”, dijo a Comercio y Justicia Daniela Bustos, integrante de la comisión organizadora de la marcha. “Distintos acuerdos y convenios internacionales en materia de salud mental y derechos humanos tienen el objetivo de que para 2020 exista un mundo sin manicomios. En este sentido, la ley nacional también fija un plazo para que las provincias pongan en marcha los avances establecidos por estas convenciones, sobre todo en relación con la creación de dispositivos que sustituyan el manicomio. En Córdoba, “estos aspectos no se han desarrollado, al menos desde el Estado”, aseguró Bustos en conversación con este medio.
“Sólo existen algunas alternativas que han sido creadas desde lo privado por profesionales interesados en desarrollar los nuevos paradigmas. Pero desde el ámbito público, nada”, enfatizó la integrante de la comisión organizadora del colectivo cordobés.
“Hemos visto este año cómo en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba se implementó un recorte y una reforma edilicia por la cual se dio de alta a pacientes que quedaron en situación de calle, al no existir los dispositivos de acompañamiento que están previstos en las normativas”, comentó. “Esto se interpretó desde el Estado como parte del proceso de desmanicomialización, pero en realidad no tiene nada que ver con eso”, explicó.
“Otro gran problema de la ley provincial de salud mental es que todavía no se reglamentaron dos artículos principales. Uno de ellos está referido al órgano de revisión y el otro al presupuesto”, dijo Bustos. “Al no emitir la reglamentación, no existe quién aplique y controle la creación de los nuevos dispositivos y los nuevos programas para la atención de los usuarios. Tampoco se establece cómo y cuándo y con qué dinero se van a llevar a cabo estas modificaciones”, agregó.
Discusión y acción
Con el objetivo de observar y reclamar la plena implementación de las leyes de salud mental en Córdoba, el año pasado se creó el colectivo que organiza la marcha que se desarrollará el 8 de octubre.
“Este colectivo, desde hace dos años está trabajando en asamblea, fundamentalmente debatiendo los puntos pendientes de la ley. Organizamos la primera marcha el año pasado y también desarrollamos acciones específicas cuando sucedió la directiva infundada de traslado de dos profesionales del Neuropsiquiátrico. Además creamos ‘Confluir’, una organización de usuarios, amigos y familiares de servicios de salud mental que se está constituyendo como asociación civil”, reveló Bustos.
“Ahora nos hemos abocado a la organización de esta segunda marcha, que es un trabajo enorme. Previo a ella, estamos desarrollando acciones en distintos espacios -por ejemplo, la Facultad de Psicología de la UNC- para promover la participación y para informar sobre las leyes y la situación actual en la provincia”, dijo la integrante del colectivo.
Nueva ley de salud
Actualmente, en la Legislatura Unicameral de Córdoba se encuentra en elaboración un proyecto de nueva ley para el sector de la salud de la provincia.
Según se conoció este año, la iniciativa propone ajustar la legislación a los avances en materia científica y a las conquistas respecto a derechos humanos. También prevé una merma de la carga impositiva para el sector privado.
En el debate, según se estipuló luego de la firma de un acta en el mes de abril, participa un equipo interinstitucional conformado por la Comisión de Salud Humana de la Legislatura, los ministerio de Salud y de Educación de la Provincia, las facultades de Ciencias Médicas de las universidades Nacional (UNC) y Católica (UCC) de Córdoba, el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas, el Consejo de Médicos, el Círculo Médico, la Cámara Empresaria de la Salud de Córdoba (Caescor) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Córdoba (Aclisa), entre otras entidades.
“Actualmente nosotros también estamos preocupados y debatiendo sobre este nuevo proyecto de ley de salud. Consideramos que se están contemplando más que nada los intereses económicos de los privados”, concluyó Bustos.
