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Por Luz Saint Phat / [email protected]
El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba emitió un comunicado sobre el tema, en línea con advertencias de entidades profesionales
En el marco del debate en el Congreso de la Nación del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que impulsa el Ejecutivo Nacional y que propone reformas estructurales, diferentes voces se hicieron escuchar tanto a favor como en tono crítico..
En lo que refiere al campo de la salud mental, se sumaron en los últimos días diferentes observaciones provenientes de entidades que agrupan a profesionales del campo sanitario y otras organizaciones.
En relación a las organizaciones que refirieron críticas significativas, recientemente se conoció un comunicado conjunto el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y la de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, entidades cordobesas cuya labor se orienta al monitoreo de políticas públicas, de articulación organizacional y de generación de propuestas en estos ámbitos.
Estas organizaciones, tal como ellas mismas lo refieren, están enfocadas en la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26378) y las Leyes Nacional y Provincial de Salud Mental (26657 y 9848, respectivamente).
El documento que se encuentra en línea es extenso y aborda diferentes problemáticas. Entre sus principales preocupaciones de las organizaciones en lo concerniente al modelo de abordaje y tratamiento de la salud mental que propone la normativa en debate legislativo son cinco.
En primera instancia, según advirtieron estos espacios en otro comunicado que resume los puntos centrales de la misiva, está relacionado lo vinculado a los hospitales monovalentes. “Se los propone como una alternativa terapéutica y se permiten internaciones prolongadas en estas instituciones de encierro”, indicó el observatorio, agregando que “además de ineficientes,han demostrado ser iatrogénicas”, considerando que profundizan “los padecimientos y la marginación social”.
En segundo lugar, las entidades también observaron que la normativa propuesta a nivel nacional permite que los jueces puedan evaluar la pertinencia de las internaciones involuntarias. En este sentido, las organizaciones indicaron que que “los jueces no están capacitados para tomar decisiones sanitarias” como si lo puede hacer un equipo de salud idóneo.
Mientras, también relacionado con la posibilidad de internaciones involuntarias, las entidades expresaron que se “excede el resguardo de la salud al incorporar (además del criterio de riesgo cierto e inminente) los pedidos de internación por parte de familiares o la persistencia de causas que generaron esa situación”, cuando dichas causas “deberían abordarse con estrategias interdisciplinarias e intersectoriales y no con una limitación indefinida de la libertad de las personas”.
Por otro lado, se alerta que “se restringe el derecho a la defensa” porque permite que los “abogados defensores vayan en contra de los intereses de sus defendidos y se opongan a su externación.”, indicaron las organizaciones
Y, finalmente, la entidades firmantes de la nota observaron que las normativas propuestas eliminan del órgano de revisión nacional a varias entidades gubernamentales y “se restringe el monitoreo de la sociedad civil”, que anteriormente formaba parte de este espacio a través de asociaciones de personas usuarias, familiares y organismos de derechos humanos.
Vale señalar que similares observaciones fueron expuestas por parte del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, el cual en su sitio web expresó recientemente que “desde hace 13 años venimos reclamando la plena implementación de la ley de Salud Mental, en defensa de los derechos de las personas con padecimiento subjetivo”.
“El proyecto de ley del Ejecutivo Nacional modifica aspectos centrales de su articulado, admitiendo la creación de nuevos dispositivos monovalentes, rompiendo el espíritu de la ley, espíritu centrado en la desmanicomialización y en la atención de las problemáticas de salud mental en hospitales generales, con eje en dispositivos sustitutivos de los monovalentes y en la inserción comunitaria”, expresó la entidad.
”Las modificaciones introducidas amplían la posibilidad de internaciones involuntarias y faculta a jueces y abogados para intervenir en internaciones y altas de pacientes, relegando la evaluación por parte de equipos interdisciplinarios a un segundo plano. Se retrocede nuevamente a un modelo tutelar”, se aseguró.
Ámbito Nacional
“Las modificaciones que se pretenden introducir a los artículos fueron realizadas de manera inconsulta a asociaciones profesionales y del campo académico, lo que se materializa en el elevado nivel de vaguedad para tratar temáticas tan importantes como lo son las de salud mental y en las contradicciones que generan las mismas con otras legislaciones con que se vincula la ley”, argumentó la federación.
“Las propuestas de modificaciones vuelven a modelos tutelares y represivos, que notoriamente han fracasado, sosteniendo claramente la judicialización de la salud mental. Asimismo,contradice de manera manifiesta el art 41 del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado con posterioridad a la Ley 26657”, se enfatizó.
