ESCUCHAREl Ministerio de Salud de la Nación se fusionó con Desarrollo Social, quedando a cargo de Carolina Stanley. Mientras, el ex titular de la cartera sanitaria, Adolfo Rubinstein, pasó a ser secretario. Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, analiza y evalúa las incidencias que puede tener la disposición
Por Luz Saint Phat – [email protected]
Luego de los anuncios del Gobierno Nacional efectuados el lunes pasado en el marco del plan de “déficit cero” que se busca conseguir en 2019, distintas organizaciones y profesionales manifestaron su preocupación por la reducción de ministerios y el cambio de rango de carteras fundamentales como Trabajo, Cultura, Ciencia y Tecnología y Salud.
Específicamente, esta última se fusionó con Desarrollo Social quedando bajo la titularidad de Carolina Stanley. Mientras, el ahora ex ministro Adolfo Rubinstein pasó a ser secretario.
Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba dialogó con Comercio y Justicia y analizó el impacto que pueden tener las modificaciones en la atención sanitaria de este sector de la población.
– ¿Cómo evalúa la Mesa el cambio dispuesto para el Ministerio de Salud y cómo esto puede afectar la atención de las personas con discapacidad?
– Las nuevas medidas hay que vincularlas con las políticas que viene teniendo el Gobierno con relación a la discapacidad en los últimos años. Mientras por un lado ha existido un discurso de supuesta atención y una serie de anuncios como la creación de un Plan Nacional de Discapacidad y de la Agencia Nacional de Discapacidad, por otro lado se ha registrado un fuerte ajuste. De hecho, hace unos días se realizó un paro y una movilización de los prestadores de servicios, quienes reclamaron por la falta de pago durante seis, ocho y hasta diez meses y porque no hay actualización de los honorarios. Además, desde hace dos años se vienen cayendo un montón de pensiones por discapacidad en todo el país, a pesar de las reiteradas oportunidades en las que la Justicia ordenó reintegrarlas. Y esto ahora cierra con las nuevas medidas. No obstante, tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en el campo de la discapacidad, es necesario un Estado fuerte que permita nivelar las desigualdades y garantizar el acceso a la salud de la mayoría de las personas. Los cambios van a afectar la calidad de atención de esta población y se va a notar, sobre todo, en las regiones menos favorecidas del país.
– ¿Cuáles son los desafíos que se imponen ante los anuncios oficiales y qué demandas surgen de parte de las personas con discapacidad y sus familias?
– Justamente, la semana pasada terminamos un informe sobre los derechos sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad que enviamos al comité de Naciones Unidas (ONU). Lo realizamos junto al Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba y otras organizaciones. En el documento, marcamos que la falta de acceso al trabajo, la pobreza, la falta de protección social y la institucionalización de las personas con discapacidad son temas importantes. Pero, a los pocos días, la situación cambió y ahora estamos trabajando en documentar todo lo que está sucediendo para actualizar la información. Las personas que presenten el informe en el comité van a poder completar justo en ese momento los datos.
-¿Qué medidas se pueden desarrollar para visibilizar las problemáticas que se atraviesan?
– Ahora nos encontramos participando de la organización de la quinta Marcha por el Derecho a la Salud Mental, que seguramente va a condensar las nuevas demandas. Vamos a tener que hacer el ejercicio de incorporar y mostrar las consecuencias de las nuevas políticas públicas en salud mental y en el campo de la discapacidad. La marcha es una oportunidad que se abre para hacer visible en el espacio público las voces que no es están escuchando.
Estadísticas
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los datos preliminares del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, en el que se precisan cifras de todo el país.
En el informe, se indica que la prevalencia de población con dificultad de seis años y más es 10,2% en Argentina. En términos absolutos, este porcentaje se corresponde con una estimación de 3.571.983 personas. Es decir, aproximadamente 10 de cada 100 personas que viven en localidades de cinco mil habitantes o más poseen algún tipo de dificultad.
La región de Cuyo es la que presenta mayor proporción de personas con dificultad (11%) y la región Patagonia es la que presenta la menor proporción (nueve por ciento).
Respecto del certificado de discapacidad, el Indec advierte que aproximadamente tres de cada 10 personas con dificultad lo tienen vigente y seis de cada 10 no lo poseen. Vale señalar que, también a partir de lo indicado por el organismo estadístico nacional, la certificación es utilizada para obtener el pase libre de transporte y la cobertura integral de medicación y salud, principalmente.
