ESCUCHARLa Organización Mundial de la Salud (OMS) señala prácticas aún existentes que atentan contra el respeto, el reconocimiento y la autoestima de personas que acuden a los distintos dispositivos.
Por Luz Saint-Phat – [email protected]
En un artículo referido a la última conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, cuya fecha es el 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayó la importancia de la dignidad de los usuarios de servicios de salud mental como cuestión clave en el avance de las políticas de salud mental de los distintos países.
Al comenzar 2016, esta problemática -que, a pesar de la implementación de las leyes nacional y provinciales, no es ajena a Argentina- se plantea como un desafío.
“La dignidad se refiere al mérito y el valor inherentes a una persona y está estrechamente vinculada con el respeto, el reconocimiento, la autoestima y la posibilidad de tomar decisiones propias. Poder vivir con dignidad es algo que emana del respeto de los derechos humanos básicos”, indica la descripción realizada por la OMS en su artículo.
El el organismo internacional destaca la importancia de incluir en la atención de personas con padecimientos subjetivos la protección contra la violencia, el abuso y la discriminación; el reconocimiento de la autonomía y la libre determinación; la inclusión y la vida de la comunidad y la participación de los usuarios en la formulación de políticas públicas.
Todavía vigentes
A pesar de las recomendaciones internacionales y de los avances que algunos países han logrado en materia de políticas públicas, la OMS indica en su artículo la vigencia de prácticas en salud mental que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas.
“Con frecuencia (las personas) son encerradas en instituciones donde quedan aisladas de la sociedad y sujetas a tratos inhumanos y degradantes. Muchas sufren maltrato físico y emocional, abusos sexuales y abandono en hospitales y cárceles, pero también en el seno de sus comunidades”, dice el organismo.
También señala que, en muchos casos, los usuarios de los servicios de salud mental son privados de tomar decisiones. “Se les niega sistemáticamente el derecho a tomar decisiones sobre la atención y tratamiento de salud mental que reciben, el lugar donde quieren vivir y sus asuntos personales y financieros”, advierte el documento. Asimismo, éste asegura que a las personas con padecimientos también “se les niega el acceso a atención general y de salud mental. En consecuencia, tienen más probabilidades de morir prematuramente, en comparación con la población general”. En tanto, “a menudo se les priva de acceso a la educación y a oportunidades de empleo”.
E indica el texto consultado: “La estigmatización y las ideas erróneas sobre los trastornos mentales implican que esas personas también sufren discriminación en el mundo laboral y se les niegan oportunidades de trabajar y ganarse la vida. Los niños con trastornos mentales también quedan con frecuencia excluidos de oportunidades educativas. Esto desemboca en marginación y en la exclusión de oportunidades laborales en etapas posteriores de la vida”.
Y concluye el artículo: “Se les niega la posibilidad de participar en asuntos públicos, de votar o presentarse a cargos públicos. No se les da la oportunidad de intervenir en la adopción de decisiones sobre cuestiones que les afectan, como reformas normativas, legislativas o de servicios en relación con la salud mental. Además, con frecuencia se les niega el acceso a actividades recreativas y culturales”.
Recomendaciones
A partir de estas observaciones, en el mismo texto la OMS indica que es posible desarrollar estrategias para revertir estas prácticas.
Recomienda a los Estados que ofrezcan servicios comunitarios que partan de un enfoque de recuperación que inspire esperanza y apoye a las personas a conseguir sus objetivos y aspiraciones; que respeten la autonomía de las personas, en particular su derecho a tomar sus propias decisiones sobre el tratamiento y la atención que reciben; y que garanticen el acceso a la atención de buena calidad que promueva los derechos humanos, sea receptiva a las necesidades de las personas y respete sus valores, decisiones y preferencias.
Por su parte, las comunidades también pueden “acompañar a las personas con trastornos mentales para que participen en la vida de la comunidad y reconocer el valor de su contribución; respetar su autonomía para tomar decisiones por sí mismas, en particular sobre la manera en que decidan vivir y sus asuntos personales y financieros; garantizar su acceso a empleo, educación, vivienda, apoyo social y otras oportunidades; e incluir a las personas en la adopción de decisiones sobre cuestiones que les afectan, como reformas normativas, legislativas y de servicios en relación con la salud mental”, señaló el organismo en el documento consultado.
