ESCUCHAREsta semana tuvo lugar un conversatorio con distintos referentes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, en el que se analizó la situación actual
Por Luz Saint Phat – [email protected]
Después de la II Cumbre Global de Discapacidad, que ocurrió en Buenos Aires entre los días 6 y 8 pasados, referentes de este campo pertenecientes a distintas partes del país divulgaron su perspectiva crítica relativa a las políticas públicas actuales y a la situación que atraviesan las personas con discapacidad.
En este marco, en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se desarrolló el martes pasado un panel de debate titulado “¿Y los derechos dónde están?”, que convocó a diferentes especialistas.
Los disertantes fueron Alfonsina Angelino y María Eugenia Almeida, integrantes del programa “La producción social de la discapacidad. Aportes para la transformación de los significados socialmente construidos” y del proyecto de investigación “Feminismos y estudios críticos en discapacidad. Diálogos subalternos e intereseccionalidad”; Nora Britos, profesora titular de la cátedra Políticas Sociales del Estado de la FCS; Eugenio Reatti, exdirector de la Comisión Nacional de Pensiones; y Alicia Maurelli junto a Martín Passini, integrantes de la Mesa Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
En diálogo con Comercio y Justicia, Passini detalló algunos de los aspectos que se ponen en tensión en la actualidad.
“Este conversatorio nació como una oportunidad para -desde distintas voces, vinculadas con lo académico, la militancia social y la gestión pública- poder revelar las múltiples violaciones de derechos de las personas con discapacidad provocadas por las políticas actuales”, especificó el referente cordobés.
“Hace ya más de una década que el Estado argentino ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado a implementar políticas respetando el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Es decir, no se puede volver atrás y los gobiernos, con sus medidas, sólo pueden mejorar o ampliar el acceso a derechos. De esta manera, estas políticas no pueden ser ya catalogadas como beneficios o producto de la caridad de la sociedad o el Estado. La perspectiva de derechos se basa en la idea de la dignidad humana”, explicó Passini, pero advirtió de que el actual Gobierno nacional no respeta “este principio fundamental” y que “sus políticas de recortes en el campo social han sido especialmente dañinas con el colectivo”.
En este sentido, el referente de la Mesa de Trabajo precisó que “para defender una perspectiva de derechos humanos (y no de ajuste) en las políticas públicas, el rol de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante para resistir a estos retrocesos, articulando espacios intersectoriales, manteniendo el tema en la agenda pública y abriendo debates”.
En tanto, al referirse a las principales demandas en esta coyuntura, Passini especificó que “es imperiosa una acción urgente del Estado para detener la situación de hambre y extrema pobreza que golpea a muchísimas familias de personas con discapacidad”, y aclaró que “esto es una problemática de la población en general, pero en estas familias se agrava por los mayores gastos que a menudo deben realizarse, referidos a movilidad, materiales adaptados, prestaciones de apoyo no cubiertas por obras sociales”
Así, entre los principales requerimientos se encuentran “la devolución de las pensiones, que a pesar de estar obligado a restituir el Estado no han cumplido la orden judicial y sólo restituyó algunas; y apelaron la sentencia” . Además, se solicita la “respuesta a los nuevos trámites iniciados en todo el país. Se calcula que unas 200 mil personas están en esta larga espera de expedientes cajoneados”. Se suma también el reclamo referente a la necesidad de que el Estado garantice el trabajo para estos individuos.
Finalmente, con una perspectiva a más largo plazo, el referente cordobés detalló que existen “muchos desafíos en materia de políticas públicas, apelando a que estén en consonancia con los compromisos asumidos por el Estado argentino ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros organismos del sistema internacional”. Fundamentalmente, se destacan entre estos puntos la implementación efectiva, disponible y accesible de un sistema de educación realmente inclusivo; la disminución de los “increíbles” índices de desocupación laboral; la instauración de una política de apoyos para la toma de decisiones y la autonomía de estas personas; y la transformación del sistema de prestaciones basada en el modelo social de la discapacidad.
“También -indicó Passini- son necesarias la implementación de políticas transversales de protección de la niñez en estos casos; la lucha contra las violencias basadas en género enfocadas en este colectivo; el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos; la transformación del sistema de atención de la salud mental (mediante la desmanicomialización y la implementación efectiva de dispositivos sustitutivos); y una verdadera red de atención comunitaria, inclusiva e integrada en el sistema general de salud”.
