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Mujeres y migrantes fueron los que más consultaron ante la dirección General de Acceso a la Justicia

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La Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) atendió 78.483 consultas desde su creación, en 2014.

El dato surge del documento “A 10 años de la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF – Experiencias de abordaje comunitario: 2014-2024”, que sintetizó el trabajo realizado en la década de existencia de ATAJO, con un registro estadístico y la descripción de su expansión en función de sus objetivos.

En el prólogo del informe, el director de ATAJO, Julián Axat, contextualizó la intervención de la dependencia en el marco de la misión del Ministerio Público Fiscal de velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, procurando el acceso a la Justicia de sus habitantes, e indicó que para ello fue fundamental el intercambio con sectores de la sociedad civil, como organizaciones sociales, centros de fomento, clubes de barrio, iglesias y “todo tipo de referentes”, con quienes se logró consolidar una red de articulación.

El relevamiento precisó que las consultas en las oficinas descentralizadas de ATAJO alcanzaron su pico en 2022, con 13.712 pedidos de asesoramiento.

El desglose estadístico en relación a las formas en que se concretaron lo encabezaron las demandas espontáneas presenciales, con 64,61% de los casos (en total, 50.704). Le siguen demandas espontáneas virtuales, con 13,01% (10.212); la derivación de otras agencias, con 10,99% (8.626), y la derivación de agencia religiosa, con 5,36% (4.206).

En relación al tipo de problemáticas, los casos ligados a temas de Familia fueron predominantes en la década, con 14,81% (entre ellos, dificultades en el pago de cuota alimentaria, cuidados personales, responsabilidad parental y régimen de comunicación). El segundo grupo de se integró por asuntos referidos a documentación, como cuestiones sobre migración y residencia, con 7,82%.

En tanto, el registro de denuncias está encabezado por casos de violencia contra las mujeres o personas con identidad de género femenina mayores de 13 años, con 29,96%. Le siguen violencia doméstica, con 14,27%; abuso sexual, con 10,4%, y cuestiones de Familia de trámite en el fuero Civil, con 7,18%.

El informe también consignó las cifras que surgen del dispositivo de toma de denuncias para casos de violencia de género, denominado Atajo Protegen, que funciona como herramienta de extensión territorial de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que pasaron de nueve en 2019, a 26 en 2020, 43 en 2021, 45 en 2022 y 25 en 2023.

Del análisis estadístico surgió que más del 62% de las personas que denunciaron a través de Atajo Protegen lo hizo por primera vez, lo cual, según se consignó, “hace presuponer que las agencias generan la confianza necesaria para constituirse en referencia frente a estos temas”.

Sobre el perfil de los consultantes, el documento destacó que la mayoría son mujeres (70,11%) y que la vulnerabilidad del total de los individuos que acuden al dispositivo se revela, entre otros factores, por su nivel educativo: más del 65% no tiene estudios secundarios completos y más del 10% no finalizó estudios primarios.

En tanto, aclaró que, si bien el grueso de quienes piden asesoramiento son argentinos, hay un porcentaje significativo de migrantes de países latinoamericanos. Entre ellos destacan las poblaciones paraguaya (12,5%) y boliviana (10,5%).

En relación al funcionamiento de las oficinas descentralizadas, el documento resaltó que la Dirección General de Acceso a la Justicia formó “un enclave territorial que permite generar condiciones de cercanía y concretar la articulación con la red comunitaria existente, que posibilita a su vez una resolución y contención más efectiva de cara a un eventual proceso judicial”.

Señaló que la apertura de las agencias implicó “cambios sustantivos en la metodología de trabajo del Ministerio Público Fiscal”, en tanto requirió “del esfuerzo conjunto de diferentes áreas técnicas y administrativas para superar obstáculos estructurales”.

En ese sentido, planteó que fue fundamental “la articulación y el compromiso institucional en el acompañamiento de la propuesta” y que “el inicio del trabajo de los equipos multidisciplinarios de las agencias requirió del desarrollo de procesos dinámicos que aún hoy deben ser actualizados permanentemente en un ejercicio cotidiano de fortalecimiento de los vínculos con la comunidad”.

La Dirección General de Acceso a la Justicia está integrada por las áreas de Coordinación General Operativa, Coordinación Jurídica, el Equipo de Administración, el Equipo de Gestión de la Información, el Equipo Psicosocial, el Equipo de Promoción de Derechos y la Coordinación de los ATAJOS.

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran en funcionamiento en la actualidad oficinas descentralizadas en los barrios Padre Richardelli (ex villa 1-11-14), villa 21-24, villa 20, Padre Carlos Mujica (ex villa 31 y 31 bis), villa 15 (Ciudad Oculta), Constitución, Once y Villa Soldati. El trabajo de esas oficinas se proyecta también por distintos municipios del Gran Buenos Aires; entre ellos, San Martín, Avellaneda, Moreno, Merlo, Quilmes, La Matanza, Lanús y Florencio Varela.

Tras convenios con provincias respectivas, se desplegó el trabajo a jurisdicciones como Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Rosario y Bariloche, tanto a través de agencias como mediante enlaces en las fiscalías federales.

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