Luego de que el futuro de Aerolíneas Argentinas comenzó a debatirse en comisiones de la Cámara de Diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que “los primeros días de la semana que viene” el presidente Javier Milei declarará a la empresa sujeta a privatización por decreto, tal como lo habilita el artículo 9 de la Ley 23.696, de Reforma del Estado.
El funcionario señaló que la firma estatal “arrastra un déficit crónico” a raíz de “las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas”.
Bajo esa premisa, planteó que es necesario efectuar “constante transferencia de recursos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal”.
Adorni preciso que, desde su reestatización en 2008, los aportes del Estado nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8 mil millones de dólares.
Además, aseveró que tiene una “estructura sobredimensionada”, con “1.204 pilotos de línea para volar 81 aviones activos”; es decir, 15 por aeronave, un número que definió como “excesivo comparándolo con el promedio de la industria”.
Además, enumeró nuevamente los beneficios de los que gozan los trabajadores de la empresa.
El artículo 9 de la Ley de Reforma del Estado, sancionada durante el comienzo del primer gobierno de Carlos Menem, establece que la declaración de una empresa como “sujeta a privatización” será hecha por el Ejecutivo, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso, lo cual le asigna “trámite parlamentario de preferencia” a proyectos de esa naturaleza.
Tras quedar fuera de la lista de empresas a privatizar en la Ley de Bases, el oficialismo, con ayuda de sus aliados, reflotó la idea de vender Aerolíneas Argentinas, a raíz del conflicto con los gremios aeronáuticos y los paros.