ESCUCHARRepresentantes del sector privado expusieron sus posiciones sobre el proyecto de ley de “Bases y puntos de partida”, conocido como “Ley Ómnibus”, en el marco de su tratamiento en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Hasta el mediodía se presentaron expositores del sector empresarial que tuvieron tanto expresiones a favor como contra la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Desde la agrupación de Pymes, Emprendedores y Productores para el crecimiento argentino (PEP) y la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha), plantearon que en su sectores “estamos diseñados para contratar, no para despedir gente”, y que por ello consideran necesaria “la eliminación de la multa en relación a la ley de empleo como un tema central para pymes a la hora de contratar”.
“La multa genera al momento de contratar un pasivo contingente, y son la espada de Damocles de las pymes”, en referencia a que la legislación laboral pro trabajador de acuerdo a su posición obstaculizaría la demanda de trabajo.
En el mismo sentido se expresó el titular de Café Martínez, Marcelo Salas Martínez, quien afirmó que “si nos lo permitieran podríamos generar 3.500 y hasta 7.000 puestos de trabajo en los próximos tres años”.
En línea contraria, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (C.A.P.I.P) se pronunció en contra de las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional, y sostuvo que “nos afectan directamente a las economías regionales, que no resistimos 15% en derechos de exportación”.
Agregaron que en este rubro las modificaciones promovidas por el Ejecutivo “afecta el equilibrio entre los distintos productos e inhibe la elaboración de productos con valor agregado”, lo que “nos lleva a exportar nuevamente materias primas”.
También los representantes de Fesprosa (la Federación sindical de profesionales de la salud de la República Argentina) pidieron “un rechazo liso, llano e indivisible al DNU y a la Ley Ómnibus”.
A su vez los representantes del Complejo Nucleoeléctrica sostuvieron que “no se entiende por qué el Gobierno pretende llevar a una privatización a una empresa eficiente económicamente, que se ha desarrollado tecnológicamente y con capital humano impresionante que no se va al exterior”.
En tanto, desde la Asociación de Emprendedores, cuestionaron que hoy “los trabajadores asalariados ganan menos de la mitad de lo que se necesita para mantener una familia” y se expresaron a favor de las propuestas presidenciales.
Por su parte, desde Coninagro plantearon que “institucionalmente tanto el DNU como la Ley son complejos de abordar, con muchos temas que modifican aristas de las cooperativas” y destacaron el impacto del incremento y la reimplementación de las retenciones en la cadena de valor de las economías regionales.
“Un nivel de 15% deja a muchas actividades afuera”, acotó la economista, Silvina Campos.
Por su parte, desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), resaltaron que el sector ha “logrado tener 0% de derechos de exportación, y no podemos gravar una economía regional con todas estas complicaciones con un impuesto más”.
“Entendemos los esfuerzos que necesita hacer el país”, refirieron, pero cuestionaron el “aplicar derechos de exportación a la actividad de las economías regionales cuando justamente necesitamos duplicar exportaciones y seguir dando valor agregado”.
“Todo ese esfuerzo debe estar vinculado a poder ser competitivos”, concluyeron.
El plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales recibirá a expositores de distintos sectores a lo largo de la jornada.
