Por unanimidad, el Tribunal Constitucional (TC) de Chile declaró admisibles los recursos interpuestos por la oposición al Gobierno de Gabriel Boric contra siete de los 13 indultos que el presidente concedió en diciembre pasado a condenadas por varios delitos cometidos durante el estallido social de 2019.
El pasado 16 de enero, los parlamentarios de la coalición conservadora Chile Vamos y del partido Demócratas cuestionaros las medidas argumentando que “no respetan la ley ni la igualdad del resto de personas condenadas” por hechos similares.
La decisión de Boric, anunciada el 30 de diciembre pasado, generó una crisis política que le costó el cargo a la ya ex ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos y a uno de los principales asesores del mandatario, Matías Meza Lopehandía.
También provocó que varias fuerzas políticas se levantaran de la mesa de negociación en el Congreso para un pacto de seguridad, uno de los principales proyectos del Ejecutivo.
Los indultos llegaron en un momento en el que las encuestas reflejan una alta preocupación por la inseguridad en el país.
Minutos antes de que trascendiera el tenor del fallo del Constitucional, el actual ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que los indultos son legales y que el Gobierno los defenderá en los tribunales.
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