ESCUCHARPor Aníbal Paz. Abogado
Nuevamente nos encontramos en esta columna comentando las novedades que el gobierno provincial ha regalado para Navidad a los jubilados de la provincia. Nuevamente advertimos notas de inconstitucionalidad en los preceptos sancionados y, lamentablemente, volvemos a notar una sanción desprolija de una ley sobre un tema tan delicado y complejo.
El tema bajo análisis amerita todo tipo de debate, tanto político y financiero como legal, y también acerca de la oportunidad, el mérito y la conveniencia del método de ajuste dispuesto así como su inevitabilidad y sobre las formas en que se han sancionado las reformas.
A grandes rasgos advertimos –tomando los argumentos del Gobierno– que, efectivamente, hay que adoptar medidas para el sostenimiento saludable de las finanzas de la Caja de Jubilaciones, pensado esto a largo plazo. Desde hace años son bien conocidas las proyecciones financieras, demográficas y actuariales que indican que el déficit se irá agravando año a año, toda vez que la ecuación activo-pasivo es cada vez más baja. Lo que no podemos consentir desde este lugar es la forma en que se han aprobado las reformas, esto es, por sorpresa y sin debate y en vísperas de las fiestas de fin de año, y con el receso administrativo en marcha, ya que el proyecto del Ejecutivo provincial fue ingresado sobre el filo del debate parlamentario y aprobado por una otrora impensable alianza política que abarca casi todo el arco del espectro. Decimos que eran necesarias ciertas reformas y siguen siéndolo, aunque en estos temas tan sensibles y espesos se requiere un amplio consenso no solo político, como ha ocurrido, sino también social, que involucre en la discusión tanto a los gremios estatales como a las patronales [Epec, Bancor, Justicia] y, por supuesto, a representantes del sector pasivo.
Tampoco podemos dejar de observar que el declamado ajuste viene en un momento en que la Provincia, al fin, recibirá lo que es suyo como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de la Nación, que reconoce el largamente reclamado cese de las detracciones del 15% de la masa coparticipable que le correspondía a Córdoba, para financiar el sistema jubilatorio nacional. En este escenario novedoso, en el cual la Provincia recibirá ingresos que no contemplaba antes, han permitido, por un lado, eliminar el diferimiento de las movilidades jubilatorias [ley 10078] y la Tasa Vial [ley 10081], pero por el otro no se ha dispuesto que parte de esos fondos –que tenían asignación específica para fines previsionales – sean destinados a sostener el régimen provincial. Así, nuevamente, el ajuste lo debe cargar en soledad el sector pasivo, sin aportes extraordinarios patronales ni estatales. Por otra parte, se ha dado idéntico tratamiento a todos los jubilados, con asignaciones bajas, medias y altas, cuando frente a micrófonos se declara que existen desajustes en los sectores que perciben haberes más altos que debieran ser corregidos.
Debido a que la discusión sobre la temática planteada es tan amplia, deberemos ceñirnos estrictamente al análisis normativo de la ley 10333 en cuestión, toda vez que el espacio disponible no nos permite extendernos todo lo que quisiéramos sobre los aspectos ya señalados.
Análisis de la ley 10333
A diferencia de lo ocurrido en anteriores intentos de ajuste, esta vez parece ser que el tema ha sido estudiado muy a fondo, no sólo desde lo financiero sino también desde lo legal, ya que se evidencia un “aprendizaje” de errores anteriores. Las reformas de dec. 1777/95; ley 9504; ley 9722; ley 10078, fueron todas cuestionadas judicialmente, tanto desde lo formal como desde lo material. Dado que ya hemos analizado estas cuestiones en previas columnas no nos detenderemos en ello ahora.
En su Art. 1° la norma bajo exégesis dispone el fin del diferimiento de 180 días en los reajustes por movilidad sectoriales que dispuso la cuestionada ley 10078. A partir de ahora “(…) El reajuste de los haberes de los beneficios tendrá efecto desde la fecha de producida la variación salarial y deberá abonarse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del dictado de la norma legal que la autoriza, sin perjuicio de los anticipos a cuenta o diferencia que la Caja liquide sobre la base del porcentaje mínimo de incremento (…)”.
La polémica comienza con el Art. 2° de la ley, en tanto establece un nuevo mecanismo de cómputo del haber inicial de las prestaciones. Hasta ahora, la ley 8024 to. Dec. 40/09 establecía en su art. 46 que “El haber de la jubilación ordinaria y por invalidez será igual al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de las últimas cuarenta y ocho (48) remuneraciones (…) actualizadas (…)”. Antes de las reformas de ley 9504 ese 82% se calculaba sobre el último cargo del agente, o bien sobre el mejor cargo de toda su carrera. Pues bien, el nuevo mecanismo dispuesto en la ley 10333 establece que el 82% se tomará sobre una “Base Remunerativa” [BR]. Esta BR será equivalente al promedio de las 48 últimas remuneraciones actualizadas, previa detracción del 11% de aportes personales. Es decir que el 82% se calcula sobre el líquido [en realidad el líquido sería inferior, ya que los aportes personales en la Provincia equivalen al 18%, pero en un guiño a la armonización, se aplica el descuento nacional del 11% previsto para el Sistema Integrado Previsional Argentino -SIPA-]. Poniendo un ejemplo en números, si el promedio de las últimas 48 remuneraciones de un agente es igual a $10.000, su jubilación, según la ley anterior sería igual a $8.200, pero con la nueva ley a ese promedio debe detraerse el 11%, lo que arroja una BR de $8.200, sobre la cual se calcula el 82% para llegar a un haber inicial de $ 6.724. Según las voces oficiales, este criterio es el sostenido por el Tribunal Superior de Justicia [TSJ] en el resonado Fallo Bossio, en tanto que “no se perfora el núcleo duro” del derecho constitucional en juego, más precisamente el derecho a jubilaciones proporcionales, móviles e irreductibles.
La cuestión se agrava cuando a renglón seguido se establece que “(…) La presente disposición se aplicará sobre los beneficios acordados y a acordarse, debiendo adecuarse el haber de los beneficios ya otorgados (…)”, lo que afecta directamente el principio de irretroactividad de las normas y ataca los derechos ya adquiridos.
Llegados a este punto, por un lado notamos que más allá de las lógicas y comprensibles protestas que generarán estas disposiciones, no existe un derecho ni garantía de que se mantengan sin modificaciones las normas previsionales actuales, por más que las futuras normas otorguen menos derechos que las anteriores, habiendo un interés público en juego. Precisamente en esta oportunidad, mediante ley dictada por la Legislatura provincial se modifica el método del cómputo del haber inicial de las prestaciones a futuro, para los próximos beneficiarios. Ello en sí mismo no sería prima facie incompatible con las prescripciones de la Constitución Provincial [CP], analizadas bajo la luz del Fallo Bossio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Ahora bien, otra cosa muy distinta es afectar derechos previamente adquiridos, y aquí es donde radicará la mayor dificultad.
La Constitución Provincial (CP) en su Art. 57 dice: “(…) El Estado Provincial, (…) otorga a los trabajadores los beneficios de la previsión social y asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad. El régimen previsional debe ser uniforme y equitativo y debe procurar la coordinación con otros sistemas previsionales. (…)”. Este precepto ha sido analizado por el TSJ en “Bossio”, en los siguientes términos: “(…) La Constitución de Córdoba no asegura a los jubilados provinciales un haber previsional mayor, ni igual al del personal en actividad, sino que, por el contrario, sólo una proporción o parte de aquél. De allí que el núcleo duro sobre el cual no puede haber restricción alguna es el porcentaje del ochenta y dos por ciento (82 %) móvil del sueldo líquido del trabajador activo, lo que es igual al ochenta y dos por ciento (82 %) móvil de la remuneración mensual del cargo desempeñado por el agente al momento de cesar en el servicio, descontado el aporte previsional personal correspondiente. Este es un límite infranqueable fuertemente adquirido por las normas constitucionales, que no cede por razones de emergencia. De tal forma se fortalece y adquieren plena efectividad los principios constitucionales de “solidaridad contributiva” y “equidad distributiva” (arts.55 y 55 C. Pcial.), (…)En este marco el “núcleo duro” sobre el cual no puede haber descuento ni prórroga por ser inconstitucional o inaplicable, es el ochenta y dos por ciento (82 %) del líquido de quien se encuentra en actividad en el mismo cargo o función que con anterioridad tenía el jubilado. (…)”. Así las cosas, como se lee claramente, esta vez el cambio del método del cómputo está “bien estudiado” y en términos abstractos no genera reproche constitucional alguno, sin perjuicio de que en casos concretos sí pueda existir perjuicio que amerite ese reproche.
Como decíamos antes, una cosa es modificar el cómputo del haber inicial para futuros beneficiarios y otra, muy distinta, es hacerlo retroactivamente a los beneficios ya acordados y en curso de pago. Aquí claramente el límite es el establecido en la ley vigente al momento del otorgamiento y la garantía de irreductibilidad de las prestaciones. Ahora bien, para evitar [¿o disfrazar?] esa reducción que implicaría aplicar el nuevo mecanismo de cálculo para beneficios ya acordados, el Gobierno diseñó una estrategia: compensar la disminución del haber inicial con el impacto que tendrá el fin del diferimiento, compensar con un bono de $1.200 para los haberes menores a $20.000 y elevar el haber jubilatorio mínimo a $7.500. Así, en términos nominales, el haber jubilatorio no sería reducido sino por el contrario, probablemente aumentará, diluyendo el motivo del reclamo. Más aun, la propia 10333 en su Art. 3° garantiza que “(…) En ningún caso el recálculo de los haberes de cada beneficio, (…) importará reducción alguna de los haberes nominales liquidados correspondientes al mes de diciembre de 2015. (…)”. Además el Gobierno, en un timming perfecto a sus intereses, ha lanzado esta novedad en una época de receso, previo a las paritarias salariales, que impactarán inmediatamente en los haberes de pasividad debido al fin del diferimiento. En definitiva, hasta al menos el mes de abril/2016 no se sentirán los efectos prácticos del reajuste a la baja de los haberes jubilatorios, porque nominalmente se incrementarán, producto de todas estas astutas medidas señaladas. Pero, ciertamente, el plan diseñado busca un fin de ahorro financiero, que claramente pagará el sector pasivo, una vez superada esta fase de compensación inicial con la pérdida del poder adquisitivo, debido a la licuación de los haberes.
En conclusión, a la luz de Bossio, deberá determinarse si la irreductibilidad de las prestaciones se refiere sólo a valor nominal o al valor real de ellas. Si se abona la primera teoría, entonces no habría reparos constitucionales y, en cambio, si se sostiene la segunda tesis, nos encontraríamos ante un escenario litigioso por cuanto se estarían vulnerando derechos previamente adquiridos que atentan contra los derechos ya señalados, y contra el derecho a la propiedad.
En definitiva, si bien las jubilaciones ya acordadas mantendrían su nivel nominal y evolucionarían en lo sucesivo conforme a los respectivos índices de movilidad sectorial, debido a la pérdida de valor adquisitivo se verían reducidas de manera indirecta, lo que contradice y desvirtúa de manera esencial la manda constitucional atinente a la movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad de los haberes previsionales. De esta forma, y bajo este primer análisis, somos de la opinión de que esta norma, que pretende tener efector retroactivos, vulnera los preceptos constitucionales señalados afectando derechos adquiridos, y ello será motivo de reproche en Tribunales. Con todo, y restando aun la reglamentación de la 10333, el presente análisis debe considerarse tan sólo como preliminar y provisorio.
Los docentes
Por último, un comentario sobre el sector docente, que queda inmerso en un escenario más complicado aún. Este sector percibe en el ámbito nacional mejores beneficios jubilatorios, toda vez que se recibe el 82% del bruto sobre el último cargo, o sobre el mejor cargo, según diversas variables. Con la sanción de la 9504, ya los docentes venían reclamando armonizar con la Nación –a contracorriente de todos los demás sectores–, ya que el método del cálculo del haber inicial en la Provincia se efectuaba sobre el promedio de las 48 últimas remuneraciones, lo que arrojaba un 82% “mentiroso” en relación con el 82% “verdadero” que los docentes perciben de Anses. Con las medidas actuales, se alejan cada vez más de los beneficios que dicho universo percibe en la órbita nacional. Recuérdese que muchos de los docentes actualmente jubilados o en edad de jubilarse han desempeñado sus tareas muchos años en escuelas nacionales, previo a la transferencia de éstas operada en los años 90, lo que hace fuerza por su reclamo.
Entendemos que, teniendo en vista la ley 10333, y considerando el giro copernicano de las relaciones Nación-Provincia, es posible la existencia de algún esbozo de entendimiento en procura del financiamiento del ente provincial, a costa de una paulatina armonización. Ocurre que, en ese hipotético escenario de armonización paulatina, en lugar de ir hacia la armonización en ese solo sector docente se está yendo en sentido contrario, en detrimento de los docentes y en contra de los preceptos ya citados.
