ESCUCHARLejos de calmarse los ánimos, la protesta de los empleados municipales alcanzó ayer su máximo fervor, con nuevos desmanes que dejaron, entre otras cosas, un saldo de diez policías heridos y destrozos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba.
Quizás el enfrentamiento de mayor envergadura fue el que se desató cerca del mediodía en barrio Observatorio, precisamente en el mismo momento en que el titular del Suoem, Rubén Daniele, se reunía con el jefe de la Policía, Alejo Paredes, el fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro y el ministro de Gobierno, Carlos Caserio.
Paradójicamente, el postergado encuentro -que había sido convocado por la Provincia el martes último- pretendía poner paños fríos a la situación y advertirles a los trabajadores que ante la comisión de un delito, la Policía y la Justicia actuarían como corresponde.
A unas cuadras de la Casa de las Tejas, en la esquina de Paraguay y San Luis, en cercanías de las dependencias de Higiene Urbana y Alumbrado Público, los manifestantes se enfrentaban con miembros de la Guardia de Infantería y el sector se transformó en un batalla campal, que terminó con policías heridos y automóviles destruidos.
Los enfrentamientos se replicaron en la sede de la Policía Municipal de Tránsito, en la intersección de Duarte Quirós y Mariano Moreno.
En Tribunales, mientras tanto, el candidato a senador nacional de Unión por Córdoba, Eduardo Mondino, presentaba una acción de amparo para solicitar al juez de Control Nº 4, Agustín Spina Gómez, que ordene el cese inmediato de todas las acciones que está llevando adelante el sindicato y que la Municipalidad de Córdoba pueda garantizar la prestación de los servicios mínimos.
La medida fue planteada en conjunto entre el ex ombudsman nacional, vecinos de distintos barrios y la organización sin fines de lucro Coas.
En tanto, desde el Ministerio Público anunciaron que en los próximos días habrá novedades con respecto a posibles imputaciones de quienes participaron en los últimos episodios de violencia registrados en la ciudad. Precisamente, el fiscal de instrucción, Raúl Garzón, quedó a cargo de investigar la denuncia penal realizada por el municipio por el sabotaje a la red semafórica que dejó a 18 puntos de la ciudad sin la prestación del servicio.
