El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó un decreto que crea una mesa de diálogo para buscar soluciones al problema de la superpoblación carcelaria que, sumado a otros reclamos de los internos, generó la huelga de hambre que llevan adelante personas alojadas en penales de ese distrito; en especial, los más grandes.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires planteó la necesidad de poner en marcha negociaciones con representantes de los tres poderes del Estado, de organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo y de la iglesia Católica.
El Alto Cuerpo les pidió a los jueces que usen racionalmente la prisión preventiva y recordó que “hay alternativas”.
Lo hizo al tomar medidas debido al hacinamiento en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a pocos días de iniciarse medida que ya acatan más de 10 mil reclusos.
En la acordada 3341/19, los ministros Eduardo De Lázzari, Daniel Soria, Héctor Negri, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres también alertaron sobre el hecho de que las condiciones de los presos “tienden a agravarse” y que ese cuadro de situación puede generar “responsabilidad internacional del Estado argentino”.
La Corte local afirmó que “corresponde dar respuesta prioritaria a la problemática del alojamiento de detenidos en comisarías clausuradas, con cierre o inhabilitadas al efecto” y exhortó al Ejecutivo a subsanar ese estado de cosas.
En ese sentido, le encomendó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, a la Secretaría de Planificación y a otras áreas del Tribunal que evalúen la conveniencia y factibilidad de la creación de un “Registro de Clausura” de dependencias policiales.
Paralelamente, solicitó promover la localización de los detenidos en unidades penitenciarias federales o de otras provincias e instó la firma e implementación de los convenios que “fueren necesarios para el universo de población que no recibe visitas, o si esa reubicación pudiere favorecer un mejor acercamiento familiar”.
En 20 cárceles de la provincia de Buenos Aires, alrededor de 10 mil internos (20 por ciento de la población) hacen huelga de hambre.
Según los últimos informes del organismo del SPB -que administra 57 presidios que albergan a 46 mil personas-, la medida es total en Dolores y Campana y tiene apoyo generalizado en Batán y Sierra Chica.
Los reclusos le elevaron a los jefes penitenciarios varios petitorios, redactados a mano, que solicitan: acceder a más morigeraciones de pena, como prisiones domiciliarias; dejar sin efecto la denominada «Ley Blumberg», que restringe las excarcelaciones y descartar el nuevo Código Penal.
El hacinamiento es otra queja. Cabe recordar que el 3 de octubre, el Tribunal de Casación Penal bonaerense publicó un relevamiento sobre las condiciones de detención en el cual aseguró que se está ante una “grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento”.
Según los datos oficiales que consigna el texto, había 48.827 personas tras las rejas en el territorio provincial y la sobrepoblación llegaba al 113 por ciento.
También informó sobre la aparición de enfermedades como la tuberculosis -299 casos, según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria- o el hantavirus, producto de las heces de ratas, con un caso en Magdalena, en enero de este año.