ESCUCHARLa investigación comenzó en 2010, por el desvío de los recursos que la alta casa de estudios recibía de una empresa minera. La Fiscalía también requirió que se resuelvan las apelaciones interpuestos por varias defensas
En el marco de la investigación por el desvío de los recursos que Universidad Nacional de Tucumán (UNT) recibió de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, Antonio Gómez, requirió al tribunal que le ordene al juez Fernando Poviña que indague y disponga la detención de tres ex funcionarios de la UNT.
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) reclamó que se resuelvan los recursos de apelación presentados hace nueve meses por las defensas los imputados contra los procesamientos oportunamente dispuestos.
Irregularidades
La pesquisa comenzó en 2010. Fue dirigida por el fiscal Carlos Brito, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac). Se centra en las irregularidades descubiertas en el uso de dinero proveniente de YMAD, en el cual la UNT tiene participación.
A su vez, dentro de su concesión se encuentra el yacimiento de cobre, oro y molibdeno Bajo de La Alumbrera, explotado comercialmente por Minera La Alumbrera Limitada, una firma del Grupo Glencore. Éste fue denunciado por lavado de activos en el marco de la investigación periodística conocida como “Paradise Papers”.
La hipótesis de la fiscalía gira en torno al presunto manejo indebido de los fondos remitidos por Minera La Alumbrera Limitada por medio de mecanismos para dotarlos de legalidad.
Así, plantea que habrían sido redirigidos desde un circuito de dinero, previa y decididamente estructurado, hacia el patrimonio de ex funcionarios de la universidad y empresarios.
A su turno, Poviña procesó sin prisión preventiva a Juan Cerisola (ex rector de la UNT entre 2006 y 2009); a Olga Cudmani (directora General de Construcciones Universitarias); a Osvaldo Venturino (director de Inversiones y Contrataciones) y a Luis Sacca (subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión).
“Del análisis de todos los elementos de prueba incorporados a la investigación sobre el uso de los fondos mineros resulta, prima facie, que los imputados, en los respectivos ámbitos de su competencia y con capacidad de decisión, infringieron dolosamente sus deberes de garantes de la preservación del patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán e irrogaron un perjuicio millonario a su erario”, argumentó.
Luego, en 2022, procesó también a empresarios; entre ellos, Marcelo Boero; Pedro Varella Otonello; Juan Manuel Peña; Guillermo Pasquini; Ana Inés Cossio; Juan Carlos Aranda; Norma Zóttola; Ruth Fernández; Manuel Galindo; Javier Martínez Riera; Oscar Prado; Juan Guzmán; Eduardo Gordillo; Jorge Zeballos; Máximo Mellace; Luis Movsovich y Héctor Preatonio.
El magistrado trabó embargos sobre sus bienes de entre 2,5 y 70 millones de pesos; y dictó también la falta de mérito de dos encausados.
Empresarios
La ampliación de la imputación, que derivó en el procesamiento de los empresarios, se sustentó en una presentación efectuada en 2007 por el fiscal General Gómez, que fue admitida por la cámara tucumana cuando ratificó los procesamientos de los ex funcionarios de la UNT.
La decisión fue apelada por algunas defensas hace nueve meses y ahora Gómez pide que se le imprima celeridad al trámite y se cite a prestar declaración indagatoria a María Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, ex vicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario General de la UNT.
Asimismo, requirió que se proceda a su posterior detención, al considerar que los funcionarios no fueron ajenos a las maniobras por las que resultaron procesados Cerisola, Cudmani, Venturino y Sacca.
Lo propio solicitó y valoró con respecto a casi la totalidad de los empresarios ya procesados.
Lavado
En su presentación, el fiscal General Gómez también cuestionó que el juez no hubiera procesado a los ex funcionarios por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
“Los imputados obtuvieron dineros a raíz del cobro de sobreprecios sobre el costo estipulado para llevar adelante obras en la infraestructura de la Universidad Nacional de Tucumán”, recordó en ese sentido.
Además, destacó que se trató de operaciones con apariencia de legalidad formal, ya que contaron con el soporte normativo administrativo dictado por las autoridades competentes de la casa de altos estudios para facilitar el acceso ilegal a lo fondos públicos.
“Los dineros obtenidos ilícitamente fueron reintroducidos -en sus diversas modalidades y/o manifestaciones típicas- en el mercado mediante las acciones ejecutadas por las empresas investigadas”, sumó.
Bajo esa premisa, estimó que no investigar las maniobras como lavado de activos implicaría un “mascaron de impunidad que beneficiaría a los imputados”.
Gómez cerró postulando que los indicios permiten concluir que los encartados “se hicieron de dineros de origen ilícito y los reingresaron en la cadena de actividades desarrolladas por las empresas adjudicatarias de las obras publicas a ejecutar en el ámbito de la UNT”.
Asociación ilícita
En cuanto asociación ilícita, consideró que dejar de lado la aplicación de la figura típica resulta por lo menos arbitrario y agregó que la omisión atenta contra el éxito de la investigación, dado que el ingreso y la disposición final de los recursos económicos fue efectivizada “con la sola finalidad de causar un serio y grave perjuicio al patrimonio al Estado”.
El fiscal General también explicó las razones por las que solicitó las indagatorias de Rossi, González Navarro y Saab, y entendió que la presunta responsabilidad penal por el perjuicio “también se precipita sobre los integrantes del directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio”, por cuanto “los directores, con su accionar, facilitaron la rúbrica del convenio entre YMAD y UNT, el 2 de enero de 2008, lo que propició la disminución del monto que debía percibir la cada de estudios de acuerdo a la ley 14771, pasando de 40% a 20% de las utilidades del emprendimiento minero».
En el mismo escrito, el agente peticionó que los últimos imputados sean indagados en el marco de una nueva causa, con el fin de evitar la demora de la pesquisa contra los empresarios.
Finalmente, le reclamó a la cámara que se identifique a los integrantes de los equipos «de planeamiento” y «económico” de la institución, conformado por funcionarios de la Dirección General de la Administración, para que también sean citados en un posterior trámite y sin demorar la elevación a juicio de la segunda parte de la investigación.
El pedido es hasta tanto se concluyan las medidas investigativas conducentes, se determine el destino de los activos públicos detraídos y se concrete el debate oral del tramo procesal que ya fue elevado a juicio; todo ello, para evitar que se entorpezca la pesquisa.
Dos partes
La causa original, que comenzó 2010, se dividió en dos partes. La primera, en la que procesaron a Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino, se encuentra ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán desde 2019, a la espera de que se realice el juicio.
En ese contexto, Gómez hizo un planteo denunciando una “mora irrazonable” para la realización del debate e insistió en la detención de los procesados.
El segundo tramo de la pesquisa, en el que se investiga la responsabilidad de los empresarios, continúa en trámite con las peticiones señaladas.
Mayo 2021
En mayo de 2021, las autoridades del TOF de Tucumán anunciaron mediante un comunicado la suspensión del proceso contra el ex rector Cerisola, cuyo inicio estaba previsto para el 14 de junio de aquel año.
Se iba a sentar en el banquillo junto a Cudmani, Venturino y Sacca por la presunta defraudación contra la Administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes.
La razón que dio el TOF fue la reprogramación de las audiencias y el cronograma de actuación de los jueces subrogantes Enrique Lilljedahl y Jorge Basbus, de Catamarca y Santiago del Estero, respectivamente.
