Vínculo entre hermanos no desvirtúa la existencia de una relación de trabajo

El Máximo Tribunal cordobés revisó el pronunciamiento en contrario resuelto en una instancia anterior y dispuso que el demandante sea indemnizado, al considerarse despedido por falta de registración

Al entender que la parte demandada no desvirtuó la presunción de relación laboral derivada del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) por ser el accionante hermano de uno de los codemandados, habiendo demostrado sus labores de telefonista en la remisería, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) revocó una sentencia y ordenó el pago de las indemnizaciones por despido indirecto, ante el silencio de la ex empleadora al requerírsele la formalización del contrato de trabajo y la multa del artículo 8 de la Ley Nacional de Empleo (LNE) por falta de registración.

En su demanda, Pablo Caro alegó errónea aplicación del artículo 23, LCT, sosteniendo que el juez de grado omitió considerar que los codemandados Carolina Salas y Mauricio Caro reconocieron que la empresa estaba integrada por diez remiseros y también criticó la conclusión de que se trataba de un emprendimiento familiar para tener por desvirtuada la presunción respectiva.

Informativa

El demandante destacó que la informativa de la Municipalidad de Malvinas Argentinas mostró que el negocio fue propiedad de Mauricio Caro entre el 30 de noviembre de 2001 y 22 de julio de 2016, subrayando que la transferencia del fondo de comercio efectuada a favor de su padre, Abdón Ignacio Caro, se produjo con posterioridad a la ruptura de su vínculo.

Finalmente, el actor agregó que el hecho de haber vivido durante seis meses en el establecimiento no constituye un indicio para excluir la naturaleza laboral de la relación.

En el caso, el demandante es hermano de uno de los demandados, lo cual fue argumento del tribunal a quo para rechazarle la demanda, pero el TSJ consideró probado que ese parentesco no era óbice para no considerar que tuvo un vínculo laboral.

El Alto Cuerpo - integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo - indicó que las circunstancias tenidas en cuenta por el juzgador a quo para desvirtuar la presunción derivada del artículo 23 LCT no tienen la entidad asignada a ese fin, remarcando que la conformación de una empresa familiar, tal como quedó determinada, no aparece relevante para derribar el carácter subordinado del contrato.

En ese sentido, el fallo señaló que quedó corroborado en la causa que en los registros municipales la titularidad de la remisería “La Casona” estuvo a nombre de Mauricio Caro durante el período que va de marzo de 2001 a julio de 2016, figurando luego como tal su padre, Abdón Ignacio Caro.

Documentales

El Alto Cuerpo añadió que, también de acuerdo con otras documentales mencionadas en el pronunciamiento, Carolina Salas y Mauricio Caro son titulares de las chapas de remises y que el actor está registrado como chofer autorizado, observando que, si bien el demandante es hermano de quien estaba al frente de la explotación, no existe ninguna prueba que ubique a éste dirigiendo u organizando la empresa.

El TSJ advirtió que, por el contrario, los elementos rendidos lo ubican como un empleado más en la atención del teléfono y operación de la radio.

Los vocales entendieron que no existe justificación alguna para tener por desvirtuada la presunción de la normativa ya indicada, por lo que correspondía casar el pronunciamiento y entrar al fondo del asunto.

En esa dirección, el Alto Cuerpo analizó que el accionante reclama a Mauricio Caro y Carolina Salas por el trabajo como operador telefónico y del sistema de radio para la distribución de viajes, que es lo admitido por medio del agravio casatorio.

Asimismo, los supremos consideraron que ello ocurrió entre el 1 de octubre de 2003 y el 12 de abril de 2016, resaltando, además, que el demandante no les reclama por la tarea de chofer.

Hechos

Luego, el TSJ valoró que, conforme los hechos expuestos se verificó que el 31 de marzo de 2016 y el 1 de marzo de 2016 el accionante remitió a la empleadora requerimiento de inscripción del vínculo y abono de los meses de enero y febrero de 2016 y diferencias de salarios de acuerdo al convenio colectiva de trabajo aplicable, bajo apercibimiento de cesantía y de las previsiones de la Ley Nacional de Empleo (LNE), la cual no fue respondida oportunamente, por lo que el trabajador se colocó en situación de despido.

En consecuencia, entendió el TSJ que el silencio frente a la intimación posee entidad suficiente para justificar la ruptura indirecta del contrato, siendo procedentes las indemnizaciones derivadas de la finalización, como así también la multa del artículo 8 LNE, atento a que aquél no se encontraba registrado y el actor cumplió con el requisito del envío de copia a la AFIP.