ESCUCHARUno de los principales acreedores granarios del concurso de Vicentin, el titular de la firma Commodities SA, Mariano Grassi, afirmó que “es muy difícil» que la empresa «siga trabajando sin que el Estado acompañe”, mientras el juez del proceso, Fabián Lorenzini, ratificó la suspensión de plazos procesales dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el jueves pasado y le remitió el expediente.
Después de la decisión del alto tribunal santafesino de tomar el expediente del concurso preventivo de Vicentin por vía del avocamiento, el empresario Grassi se inclinó por la instancia del cramdown o salvataje de la cerealera con participación estatal.
El titular de Commodities SA, empresa que solicitó a la Corte provincial el avocamiento al expediente de Vicentin para evitar la posible homologación de acuerdos concursales, cuyo plazo vencía el 30 de este mes, sostuvo que “es muy difícil que Vicentin siga trabajando sin que el Estado acompañe”.
El acreedor de la agroexportadora aclaró que éste “no está para poner un montón de dólares dentro de Vicentin” sino que se inclinó por la capitalización “de su deuda y teniendo una participación accionaria», como tiene en otras firmas privadas.
El planteo de Grassi va en la misma línea de la que realizó días atrás el presidente Alberto Fernández, quien dijo que el salvataje ofrece “una posibilidad” para que el Estado tenga “una empresa testigo que ordene el mercado” agroexportador y de producción de alimentos.
