ESCUCHAREn el caso por la obra pública espuria concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), por unanimidad, confirmó la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
En un extenso fallo de más de 1.500 páginas, también ratificó las condenas a seis años de prisión de Báez; del ex secretario de Obras Públicas José López y del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
Lo propio hizo con las sanciones de los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (cinco años); Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses); José Raúl Santibañez (cuatro años); Mauricio Collareda (cuatro años) Raúl Daruich (tres años y seis meses).
El tribunal también confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de la cartera que dirigió De Vido, por prescripción.
“Desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
Además, homologaron el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
Contratos
En su fallo, la Cámara recalcó que la maniobra se generó con la incorporación de Báez al rubro de la construcción “sin ninguna experiencia”.
Al respecto, recalcaron que “conformó un grupo de empresas” que le permitió ganar numerosas licitaciones de obra pública en Santa Cruz “simulando una competencia que en realidad no tenía”. Citó, a modo de ejemplo, que solo entre 2007 y 2008 recibió 23 contratos.
Enfatizó asimismo que las licitaciones tuvieron numerosas irregularidades. “Se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez”, señaló.
Una prueba relevante para la Casación fue el decreto 54/09 que firmó la principal acusada a instancias de López, que modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.
También apuntó a lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de Whatsapp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016, en un convento de General Rodríguez, con bolsos con nueve millones de dólares -un hecho que le valió una condena a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito-. El tribunal entendió que se orquestó “para culminar la maniobra”, en un intento de atribuir el cierre de las empresas de Báez a la nueva administración del Poder Ejecutivo nacional y evitar la “sensación de fuga” (en palabras de López), cuando en realidad se probó que las obras fueron abandonadas con anterioridad y que “todo lo sucedido en esta etapa fue minuciosamente ideado por López, Báez, Fernández de Kirchner y Periotti”.
Única disidencia
Cabe resaltar que el juez Hornos votó por sumarle a la ex mandataria el delito de asociación ilícita, como reclamó la Fiscalía. Se trató de la única disidencia que tuvo con sus colegas.
En el debate, Luciani acusó a Fernández de Kirchner como jefa de una organización criminal y solicitó que se le aplicara una pena de 12 años de prisión. Para Barroetaveña y Borinsky no se comprobó la “pluralidad de planes delictivos” que requiere la figura, sino una única agenda criminal sobre la obra pública. Hornos entendió que en el caso se cometió el delito. “Los encausados conformaron una organización estable y duradera cuya finalidad no fue la realización de un determinado o determinados hechos en los que coincidieron más de dos personas. Por el contrario, tenían el propósito, la apertura y la disposición de encarar la práctica de múltiples, variados e indeterminados planes delictivos”, sostuvo. “La asociación ilícita operó de forma inalterada, estable, continua, desde su conformación hasta que finalizó el último mandato presidencial de quien fue la líder de la organización criminal”, sumó.
Ahora, el fiscal general Mario Villar recurrirá la decisión y buscará que la ex vice presidenta sea condenada por asociación ilícita y que se revoquen las absoluciones.
La decisión quedará en manos de la Corte Suprema.
