ESCUCHAREn el cierre de su alegato en la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani vinculó directamente la corrupción con la pobreza y la vulneración de los derechos humanos.
“Fueron los sectores más pobres, los más vulnerables, los que se vieron más perjudicados. Departamentos, campos, estancias, todos estos recursos podrían haberse destinado a proveer salud, seguridad, justicia”, planteó.
Luciani cuestionó la afirmación de que las contrataciones de obra pública del Estado no son materia revisable por la Justicia y fustigó a Alberto Fernández por manifestar esa idea.
“Cuando esas expresiones proceden del propio presidente, como sucedió en este debate, deben interpretarse como una injerencia indebida de un poder del Estado en otro”, enfatizó.
“Para defender puerilmente a su compañera de fórmula intentó correr el foco de la discusión”, añadió Luciani sobre el primer mandatario.
En esa línea, aclaró que no se debe confundir al Estado, como víctima de la cartelización, con los funcionarios del Estado, que pueden aprovecharse de ella.
“Es llamativo escuchar que el presidente no pueda distinguir esta cuestión elemental”, señaló, y citó la contradicción entre los dichos de Fernández en el juicio y lo que manifestó el día después de que José López fue encontrado con bolsos con nueve millones de dólares en un convento.
“La misma imputada, Cristina Fernández de Kirchner, desafió a este tribunal al afirmar ‘a mí me absolvió la historia’. Esto es una clara falacia, pues son justamente los jueces los que deben garantizar el funcionamiento de las reglas constitucionales”, agregó luego Luciani, para repasar la doctrina sobre los frenos y contrapesos entre los poderes de Estado.
“No puede admitirse en el derecho argentino una categoría de actos que no son susceptibles de ser revisados por un tribunal”, concluyó.
