Durante la segunda jornada de alegatos en el juicio “Vialidad”, por la obra pública que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez y que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada, el fiscal federal Diego Luciani comenzó a analizar cada una de las 51 obras que recibió el empresario Lázaro Báez.
Ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, el agente concluyó que “las licitaciones eran una ficción porque no hubo control”.
“La inversión pública es uno de los ámbitos mas proclives para los actos de corrupción. La administración debía ser muy cauta y rigurosa al momento de disponer los fondos del estado”, expresó, manifestando que en los casos de las obras encomendadas a las empresas de Báez “las medidas de prevención fueron destrozadas por la propia administración pública”.
Luciani citó cuatro licitaciones que se convocaron a fines de 2006 “con una rapidez asombrosa” y “publicidad casi nula” y se adjudicaron a principios de 2007. Según aseveró, se hicieron de manera simultánea “con una inadmisible celeridad que no estaba justificada”
El agente habló de “direccionamiento grosero” hacia las firmas de Báez y de falta de “adecuado control”, lo cual le atribuyó a que la orden de beneficiar al patagónico “venía de lo mas alto del Poder “Ejecutivo”.
También se refirió a los trabajos de renovación de canteras en la ruta nacional 3, por 75 millones de pesos, y señaló que el dictamen de la comisión de adjudicación se firmó el 30 de enero de 2007 y la preadjudicación de la obra un día antes, el 29 de enero de 2007, cuando debió ser al revés. “Es inexplicable”, sostuvo.
El lunes, Luciani comenzó a alegar en el debate y afirmó que “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”.
“Entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”, añadió.
