ESCUCHAREl procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió a la Corte Suprema que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa de Vialidad.
En su dictamen, Casal respaldó la postura de la Fiscalía de agravar la actual sanción que pesa sobre la encausada, de seis años de prisión y inhabilitación perpetua para hacer ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
El jefe de los fiscales también solicitó que el monto de lo que se le decomise a los condenados sea de más de $5 mil millones.
Los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti quedaron en condiciones de resolver la causa.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Fernández de Kirchner por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la absolvió por la asociación ilícita.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese fallo en noviembre del año pasado.
En ambos casos las sentencias se dictaron por mayoría (2 votos a 1), porque hubo magistrados que entendieron que la ex presidenta debía ser condenada por la figura que le enrostraron, a su turno, los representantes de Ministerio Público Fiscal (MPF) Diego Luciani, Sergio Mola y Mario Villar (Casación).
Casal apoyó la apelación de Villar. “De lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, sostuvo, y agregó que el hecho de que la organización haya concretado un solo plan “no es incompatible con la figura de la asociación ilícita” porque su configuración “no depende de ejecución alguna”.
Además, expuso que la Casación no contestó el argumento de la Fiscalía de que los hechos atravesaron tres gobiernos durante 12 años. Casal también apoyó que se revoquen las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro.
Sobre De Vido, señaló que “no existe una controversia con respecto a la contribución que, desde el plano material, prestó el entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, al dictar numerosos actos administrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios para que Austral Construcciones, la empresa constructora de Lázaro Báez, fuera el único contratista de obra vial al que no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables”.
Sumó que De Vido “no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección -descartando así toda posible consideración de su conducta como neutral o dentro del riesgo permitido-, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”.
