ESCUCHARUn proyecto de ley presentado por el régimen de Nicolás Maduro generó alertas por presuntos intentos de persecución y criminalización de las organizaciones civiles. El texto busca fiscalizar su actuación y financiamiento porque considera que la mayoría tiene “fines políticos”
La oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, fustigó el proyecto de ley que impulsa el régimen de Nicolás Maduro para fiscalizar la actuación y el financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del país, al considerar que la mayoría tiene “fines políticos”.
Plataforma Unitaria Democrática manifestó su “rechazo contundente a la ley aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional”.
En su cuenta de Twitter, expuso que es ilegítima porque “pretende criminalizar a las ONG de Venezuela que trabajan por y para el pueblo”.
Asimismo, la coalición afirmó que Maduro, mediante “los poderes que tiene secuestrados”, una vez más intenta “amedrentar y perseguir” a grupos con larga trayectoria en el campo de la defensa de los derechos humanos y en la asistencia humanitaria.
La propuesta del régimen, presentado el 24 de enero por el diputado Diosdado Cabello, fue respaldada por la mayoría chavista y entró en un proceso denominado “lapso perentorio de consultas” antes de ser discutida en el recinto.
Cabello aseguró que la inmensa mayoría de las asociaciones civiles o fundaciones venezolanas “dependen de Estados Unidos” y operan como “apéndices” de Washington “para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero”.
Texto
El texto contempla multas de hasta 12 mil dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevé crear o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones que reciben.
Además, les prohíbe expresamente “realizar actividades políticas” y “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones”.
Amnistía Internacional (AI) también rechazó el denominado “Proyecto de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de la Organización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”.
El grupo que aboga por los derechos humanos pidió que cese inmediatamente el tratamiento de la iniciativa.
En un comunicado, expuso que “la Asamblea Nacional de Venezuela dio su primer paso para aprobar un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela”.
En esa línea, valoró que, si se aprueba, “todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas” o, incluso, enfrentar procesos penales.
Controles intrusivos
Entre los controles intrusivos que citó AI figuran la obligación de divulgación de información sobre el financiamiento, personal y gobierno de cada entidad y juzgó que los derechos de asociación y privacidad -entre otros- se verían violentados.
También planteó que los beneficiarios del trabajo de las ONG “quedarían en grave riesgo de criminalización y represalias”.
Amnistía Internacional le cursó una carta a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reclamándole que frene el tratamiento legislativo del proyecto.
En la misiva, lo define como “un intento más de controlar a las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil venezolana, y un esfuerzo vergonzoso para limitar su trabajo en materia de derechos humanos, receptores de ayuda humanitaria y personas necesitadas en Venezuela”. Asimismo, destacó la “misión vital” de las ONG en todo el mundo y particularmente en Venezuela.
La carta de AI mencionó el “riesgo constante” que sufren los activistas venezoalnos de sufrir “acoso, agresiones y detenciones eventuales” y recordó el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien permanece detenido.
Cabello
En principio, el régimen chavista tiene en la mira a 62 organizaciones civiles que, según alega, “operan con fines absolutamente políticos y reciben financiamiento de otras naciones”.
Al presentar la normativa, Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mencionó a las ONGs Súmate, Futuro Presente y Provea. También arremetió en contra del Instituto Parlamentario Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
“Llegó la hora de fiscalizar los recursos que reciben y cómo lo invierten, y si se dedican a la política o a la labor social. ¡Ya basta!”, dijo el líder chavista durante su presentación ante la Asamblea.
No es la primera vez que el régimen busca controlar a los grupos de la sociedad civil venezolanos. Lo hizo en 2021 con el Reglamento Administrativo Número 001 y en 2022 con la denominada Ley de Cooperación Internacional de 2022.
Ambas mandas fueron condenadas por AI, que incluso le cursó una nota a Maduro respaldada con la firma de más de 500 organizaciones.
El Reglamento 001 fue modificado y los elementos más preocupantes de la norma, como la obligación de revelar la identidad de los beneficiarios de la labor de la ONG, se suprimieron.
Camino
Por lo pronto, Venezuela busca seguir el camino de Nicaragua.
Cabe recordar que a fines de mayo del año pasado, Daniel Ortega ordenó el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, una organización con 94 años de historia.
Lo hizo en el marco de una medida que involucró a otras 83 Organizaciones No Gubernamentales; entre ellas, la Fundación del fallecido ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007) -que creó una importante biblioteca virtual con el objetivo de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses-; la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS) y la Asociación de Mujeres Nora Astorga, que lleva el nombre de quien fuera vicecanciller y embajadora de Nicaragua ante la ONU durante el primer régimen sandinista (1979-1990).
A la fecha, más de dos centenares de grupos perdieron su personería jurídica.
Causas
Entre los afectados figuran entidades que defendían los derechos humanos, causas médicas, feministas, educativas, ambientalistas, indígenas y de periodistas, así como universidades y centros de pensamiento.
Según el régimen que comanda Ortega, incumplieron normas como la obligación de inscribirse en el denominado “registro de agentes extranjeros”, una versión que las afectadas rechazan.
El decreto presentado por el diputado oficialista Filiberto Rodríguez adujo que las ONG usaron donaciones para “intentar derrocar” a Ortega durante las protestas de abril de 2018.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las manifestaciones, calificadas por el régimen como un “intento de golpe de Estado”, dejaron al menos 355 muertos, aunque organismos locales elevaron la cifra a 684. La dictadura solo reconoce 200.
Poco antes de la embestida contra la Academia Nicaragüense de la Lengua, Arturo McFields, embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificó a la Administración de Ortega como “dictadura”.
“Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, afirmó el diplomático en una sorpresiva intervención ante el Consejo Permanente de la OEA.
“No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes sino poderes fácticos”, aseguró.
“Tomo la palabra en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir, a llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo”, afirmó McFields al comenzar su discurso.
El embajador ante la OEA dijo temer por él y por su familia y afirmó que días antes de anunciar el retiro de Nicaragua de la organización hubo una reunión virtual en Cancillería, durante la cual sugirió que se considerara liberar a al menos unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 internos comunes cuyas salud merecía especial consideración, pero que no fue escuchado.
“En el gobierno nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces pero todas las puertas se me cerraron”, subrayó.
“La diplomacia es necesaria en momentos de crisis como vive mi país. Lo que pasa en Nicaragua supera mis capacidades diplomáticas”, enfatizó.
McFields se refirió también a la censura, a los ataques a la prensa y la falta de libertades en general.
“Desde 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. Ni uno solo. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados”, manifestó.
Además, fustigó la avanzada contra las universidades y del cierre Organizaciones No Gubernamentales.
