La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela presentó su tercer informe anual.
Abordó la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los servicios de inteligencia que responden a Nicolás Maduro, así como la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar.
Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron hechos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno” para reprimir a la disidencia orquestado por el sucesor de Hugo Chávez.
El reporte indica que los organismos de inteligencia venezolanos funcionan como estructuras coordinadas para ejecutar órdenes dictadas por “los niveles más altos del gobierno” para reprimir a la opositores.
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la misión de la ONU.
“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.
Según Valiñas, las autoridades del régimen, incluido Maduro, no respondieron a las consultas y llamadas de la misión y convocó a la comunidad internacional a continuar monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela.
En sus informes anteriores, la ONU ya citó el significativo rol de los dos servicios de inteligencia militar y civil del régimen chavista en la comisión de violaciones de derechos humanos desde 2014.
El nuevo reporte ofrece, según consigna, una comprensión más detallada del papel de personas de distintos niveles en las cadenas de mando en la ejecución de un plan orquestado por Maduro y otras personas de “alto nivel” para reprimir a la oposición, incluso mediante la comisión de “gravísimos actos de tortura que equivalen a crímenes de lesa humanidad”.
La documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM en la sede del organismo de inteligencia en Boleíta (Caracas) y “en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”. Determinó que el SEBIN, por su parte, perpetró actos de tortura y maltrato contra detenidos -entre ellos, políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos- principalmente en el centro de detención de El Helicoide, también ubicado en la capital del país.
El documento, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye que el SEBIN y la DGCIM “hicieron un amplio uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”.
“Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, dinámicas y prácticas, mientras que funcionarios relevantes siguen trabajando para los organismos, y en algunos casos hasta han sido promovidos”, apuntó la misión.
