Vendedor responde por errores de diseño que generaron filtraciones y humedad

Los problemas en la pileta de natación de la actora se presentaron por defectos relativos a la construcción. La cámara revocó el fallo que rechazó la demanda contra la firma A + P Emprendimientos SA

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó el fallo que rechazó la demanda por incumplimiento de contrato presentada por C.A. en contra de la firma A + P Emprendimientos SA.

Así, la alzada determinó la responsabilidad de la vendedora por haber comercializado una unidad funcional en un edificio que padecía errores de diseño relacionados con la construcción de la pileta de natación, que produjeron filtraciones y humedad en el inmueble de la accionante.

“No encontrándose desconocido el negocio jurídico celebrado entre las partes y toda vez que tampoco no se encuentra controvertido que existieron vicios y/o errores de diseño y construcción relacionados con las fallas en la aislación hidrófuga desde el sector pileta y su contorno, generando el ingreso de humedad en el departamento de la parte actora, no quedan dudas de que se encuentra legitimada para demandar a la codemandada -vendedora- de la forma en que lo hizo y que esta última resulta responsable de los daños”, precisó.

En otro tramo de su decisorio, el tribunal recordó que el objetivo de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) no fue conferir a todos los miembros de la cadena de producción y comercialización de un producto o servicio el carácter de garantes del exacto cumplimiento de las obligaciones del vendedor directo de aquél , ya que supondría hacerlos cargar con riesgos extraordinarios que, de ser asumidos por ellos, determinarían un considerable aumento del costo de esos bienes, derivados de la necesidad de asegurarse frente a aquellas contingencias.

“El hecho de habitar en un inmueble que se encuentra afectado por humedad tanto en las paredes como en el techo, los placares, filtraciones, fisuras y demás perjuicios resultan circunstancias hábiles para provocar un desequilibrio emocional, ya que vivir en esas condiciones no sólo altera la vida cotidiana de quienes moran en el inmueble afectado sino que también incide en su vida de relación, dado que no es posible recibir invitados del mismo modo que si la vivienda no estuviera afectada, todo lo cual se traduce en un efectivo daño moral, susceptible de ser indemnizado”.

(Del fallo de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil).

En tanto, precisó que el término de prescripción se computa desde que la compradora tomó conocimiento de las anomalías , momento a partir del cual deben calcularse los tres años previstos por el artículo 50 de la LDC Nº 24240, pues sólo allí los adquirentes tenían la posibilidad de iniciar el reclamo correspondiente.

“Toda vez que la demanda se fundó en los vicios redhibitorios que presentó el inmueble y que lo que los demandantes pretenden es la reparación de los daños que sufrieron como consecuencia del incumplimiento de una obligación principal del proveedor -la de entregar una cosa exenta de vicios-, ello enmarca la cuestión en los términos de los artículos 10 bis y, eventualmente, 18 de la LDC, que únicamente permiten demandar al proveedor contratante directo”, indicó.

En tanto, determinó que l a responsabilidad de los directores de las sociedades demandadas no es presunta , por lo que quien la invoca carga con la obligación procesal de acreditar eficazmente las circunstancias fácticas alegadas en sustento de su pretensión, algo que debe ser verificado con la estrictez que propugna el artículo 274 de la Ley de Sociedades; esto es, la existencia de dolo, abuso de facultades o culpa grave.

“Una cosa es que las partes no hayan coincidido respecto de las consecuencias dañosas y otra es que se atribuyan las causas u orígenes de ese daño a los integrantes de una sociedad anónima como si éstos hubiesen ordenado una construcción defectuosa”, añadió.

Asimismo, la cámara reseñó que en todo contrato que tiene por objeto la transmisión de la cosa en propiedad el enajenante debe asegurarle al adquirente no sólo la posesión pacífica del objeto vendido sino también el disfrute útil, naciendo de allí, precisamente, la garantía del primero por los vicios redhibitorios, pues -de sostenerse lo contrario- el comprador tendría en su poder una cosa a la que no podría darle ningún uso o destino.

Deterioros

Sobre los deterioros producidos por filtraciones de humedad, el tribunal expuso que los que no acarrean secuelas personales no tornarían -en principio- admisible el resarcimiento de daño moral, pero resaltó que cuando no se trata ya de meras perturbaciones sino de molestias intensas que alteran la vida íntima y cotidiana de los habitantes de la propiedad afectada, que se han proyectado en el tiempo sin encontrar la urgente atención que requerían, es necesario considerar la indemnización acorde a las justas susceptibilidades de la víctima.

“El hecho de habitar en un inmueble que se encuentra afectado por humedad tanto en las paredes como en el techo, los placares, filtraciones, fisuras y demás perjuicios resultan circunstancias hábiles para provocar un desequilibrio emocional, ya que vivir en esas condiciones no sólo altera la vida cotidiana de quienes moran en el inmueble afectado, sino que también incide en su vida de relación, dado que no es posible recibir invitados del mismo modo que si la vivienda no estuviera afectada, todo lo cual se traduce en un efectivo daño moral, susceptible de ser indemnizado”, concluyó.

Finalmente expuso que, aunque se considere que la firma constructora debió tomar más recaudos a la hora de levantar ciertas partes comunes del edificio, y sin desconocer la implicancia gravosa que, en lo personal, tuvo el incumplimiento de la demandada, cuya mensuración adecuada ha quedado enmarcada en el justiprecio del pedido resarcitorio, no puede concluirse que la inobservancia de las obligaciones asumidas por la accionada alcance para concluir que existió una deliberada intención de un ilícito culpable que merezca una sanción punitiva como la pretendida, con grave menosprecio por los derechos de los consumidores. Por eso, desestimó la multa reclamada por la apelante.

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