Vaticano: comienza el juicio por desfalco, con jueces laicos

Hoy comienza el juicio por el mayor escándalo financiero registrado en la santa sede en las últimas tres décadas, ante el Tribunal Penal del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El principal imputado es el cardenal Angelo Becciu, ex sustituto en la Secretaría de Estado, el gobierno central de la iglesia Católica, en donde se gestó el desfalco.

Aquel tribunal es presidido por Giuseppe Pignatone, un ex magistrado italiano a quien Francisco convirtió en el funcionario central de la Justicia vaticana. Ante él deberán presentarse Becciu y otros nueve encausados.

Tres de ellos son hombres de negocios vinculados a la iglesia Católica. Se trata de Enrico Crasso, Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi.

El caso se inició en 2014, cuando Becciu decidió concretar una inversión de más de 200 millones de dólares. Inicialmente, se pensó para financiar un negocio petrolífero en Angola, pero derivó en un engaño inmobiliario.

Crasso llevaba años como gestor financiero de los activos del Vaticano. Organizó la operación, que resultó una estafa, junto al millonario italiano Mincione y a su compatriota y también financista Torzi.

Según consignó en su acusación el Promotor de Justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, Crasso y otros imputados recibieron comisiones ocultas por la iniciativa.

Becciu fue nombrado en 2011 por Benedicto XVI. En 2013, el actual papa, Francisco, lo confirmó.

Proveniente de la isla de Cerdeña, según las acusaciones de los fiscales, Becciu se ocupó de proveer a su familia con recursos del Vaticano y durante el debate deberá dar explicaciones por fondos de la Secretaría de Estado y de la Conferencia Episcopal italiana que habría destinado a gastos de sus hermanos y de una sobrina.

En 2018, Becciu dejó su puesto como sustituto en la Secretaría de Estado.

Cambio

En mayo, el Papa dispuso que obispos y cardenales sean juzgados por el Tribunal Penal del Estado de la Ciudad del Vaticano, integrado por jueces laicos.

La decisión supuso un cambio radical, ya que hasta ese entonces los religiosos comparecieron ante el Tribunal de Casación presidido por un cardenal. 

Ahora se someterán en primera instancia a la Justicia vaticana, al igual que otros ciudadanos incriminados por la presunta comisión de delitos. 

Pesquisa

La pesquisa versó sobre el escándalo financiero por la compra de inmuebles en Inglaterra con fondos reservados de la Secretaría de Estado.

En 2014, el gobierno central de la Iglesia aportó unos 244 millones de dólares como socia en un acuerdo para comprar un edificio de lujo en Londres.

A medida que el trato se volvía más oneroso, pagó decenas de millones en tarifas a los intermediarios, en un intento por cambiar los términos.

Cabe recordar que a fines de diciembre del año pasado, Francisco emitió un decreto, que ya entró en vigor, para hacer más transparente el manejo de dinero destinado a caridad y para endurecer los controles sobre las finanzas del Vaticano.

El objetivo principal de la norma fue la Secretaría de Estado, la parte más importante de la administración de la Santa Sede, que debió renunciar a la gestión de fondos, inversiones e inmuebles y someterse a la supervisión de otras dos oficinas económicas.

“Casta”

Poco antes, en noviembre, denunció la existencia de una “casta pecadora” en la iglesia Católica y adelantó que continuaría con sus reformas de las estructuras económicas de la Santa Sede.

“No creo que pueda haber una sola persona, dentro y fuera de aquí, que se oponga a erradicar la mala planta de la corrupción», consideró el pontífice en declaraciones al sitio italiano AdnKronos.

El Papa creó la Secretaría para la Economía del Vaticano en febrero de 2014, menos de un año después de haber sido elegido, con la intención de englobar todas las operaciones financieras luego de una serie de escándalos.