Amnistía Internacional (AI) le reclamó al Gobierno nacional información sobre los miles de argentinos que están varados en el exterior y consideró que el cupo de ingreso de pasajeros viola los derechos humanos.
“Empezamos a recibir denuncias de gente varada. Duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando derechos humanos, no se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones”, aseguró Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina, en una entrevista con CNN Radio.
Por los graves inconvenientes que afrontan los ciudadanos que no pueden volver, la entidad le pidió a la Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a la Cancillería que brinden detalles sobre las consecuencias del cupo para el reingreso al país.
Además, solicitó una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, para dialogar y hacer aportes sobre el tema desde una perspectiva de derechos humanos. En un comunicado oficial, la organización global recordó que el 26 de junio, a partir de la Decisión Administrativa 643/21, en la Argentina se dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional de argentinos y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos de pasajeros, con el objetivo de “prevenir el ingreso” de nuevos casos de la variante Delta del coronavirus.
Desde el inicio de la pandemia, AI releva las iniciativas implementadas para frenar la propagación del virus, para garantizar que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.
En la actualidad, la organización estudio los casos de las personas varadas en el extranjero para conocer el impacto en sus derechos y remitirle la información a las autoridades.
En ese contexto, recordó que “el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias”, pero aclaró que las medidas gubernamentales deben ser proporcionadas, limitadas, necesarias y temporales.
“El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las decisiones gubernamentales sean legítimas y socialmente aceptadas”, enfatizó a AI en un comunicado.
Bajo esa premisa, Belski insistió en que no cabe hablar de “abandono” sino de “violación de derechos humanos”.
“A más de un año de iniciada la pandemia, las autoridades deben extremar su compromiso con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas. En este sentido, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el Judicial tienen un rol clave y deben asegurar el máximo respeto de los derechos en la respuesta al covid”, agregó la directora de AI Argentina.