ESCUCHARLo dispuso la justicia respecto del exjefe de la custodia de Lacalle Pou. El vigilante es investigado por varios delitos
Un juez dispuso la reserva de los chats que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, tuvo con su exjefe de custodia Alejandro Astesiano, investigado por formar parte de una organización que fraguaba documentación para otorgar pasaportes, por haber espiado a dos senadores del opositor Frente Amplio, así como por haber usado sus contactos con jerarcas policiales para fines personales.
«Tratándose de información que puede contener aspectos privados de un tercero como lo es el Sr. Presidente de la República y cuestiones relativas a su seguridad y la de su familia, considera ajustado a derecho se disponga la reserva de esas actuaciones por el máximo legal esto es seis meses», indicó la resolución del juez Marcelo Souto, dada a conocer hoy por el diario local El Observador.
La reserva será por seis meses, el máximo plazo legal, y se concretó a pedido de la fiscal Gabriela Fossati.
«Se desprende de la argumentación realizada, procesar y analizar toda la información obtenida sin dudas llevará su tiempo y la publicidad que se pueda realizar de parte de la información podría comprometer su normal desarrollo y por consiguiente la investigación”, añadió el escrito del magistrado.
Astesiano fue detenido en septiembre del año pasado en el marco de una investigación por la falsificación de pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos. El excustodio incluso mantenía reuniones vinculadas con las acciones de esta red criminal en la Torre Ejecutiva, la sede de la Presidencia.
Antes de su detención borró toda la información de su celular, pero la Policía Científica logró recuperar el 100% del contenido, inclusive varios intercambios que había tenido por WhatsApp, que abrieron otras líneas de investigación en la medida en que fueron filtrados por la prensa.
Una de esas líneas está vinculada al presunto espionaje a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera, luego de que trascendiera que Astesiano recibió el encargo de una empresa estadounidense de armar “fichas” con los datos de ambos legisladores opositores, que fueron los que presentaron una denuncia penal sobre el caso.
Además, se supo que utilizaba sus vínculos con jerarcas policiales para lograr favores personales, como tareas de inteligencia a un exnovio de su hija, o incluso para obtener información confidencial sobre Lorena Ponce de León, la exmujer de Lacalle Pou, según reveló el medio La Diaria.
A fines de diciembre, el presidente declaró como testigo, sin que trascendiera su testimonio, que se encuentra bajo reserva.
El caso del excustodio presidencial sacudió al Gobierno de Lacalle Pou, quien defendió su gestión y aseguró que se estaba colaborando en la investigación.
«El Gobierno no tiene cola de paja. Estamos tranquilos con lo que hicimos. Me puedo equivocar, pero hacer las cosas mal, afuera de la ley, no. Me parece que en este tema hay que ir hasta el hueso”, manifestó el mandatario.
