ESCUCHARRige en Uruguay desde el lunes pasado la ley votada por el Parlamento que limita el derecho constitucional de reunión y establece el cierre de las fronteras, en ambos casos de manera temporal, como vía para contener la propagación del nuevo coronavirus. La norma, que fue promovida por el gobierno del presidente Lacalle Pou, fue protestada por distintos sectores, que anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar.
La norma fue sancionada luego de un prolongado debate pero votada en tiempo récord por ambas cámaras del Poder Legislativo uruguayo. Fue remitida por el Ejecutivo con carácter “grave y urgente” y fue objeto de arduos debates en las cámaras debido a la oposición del Frente Amplio (FA), centroizquierdista.
Éste, cuyos legisladores votaron en contra de la ley, propuso un proyecto alternativo destinado a reglamentar el artículo constitucional que garantiza el derecho de reunión.
La norma sancionada limita “transitoriamente, y por razones de interés general, el derecho de reunión”, que la carta magna advierte de que podrá ser “desconocido” únicamente “en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”. Las medidas adoptadas tendrán vigencia desde la promulgación de la ley y hasta el 10 de enero próximo, informó el diario montevideano La República.
“Estamos asistiendo a la muerte de entre dos y tres compatriotas por día, ayer (por el jueves pasado) superamos los 500 casos y venimos sostenidamente pasando los límites que nos habíamos propuesto”, afirmó la vicepresidente de Uruguay, Beatriz Argimón, al defender la iniciativa en el debate, en el Senado.
