ESCUCHARLos operadores judiciales de Córdoba coinciden en la necesidad de lograr que los procesos sean más ágiles y transparentes. La presidenta Cristina Fernández anunció el martes la reforma del Código Procesal Penal.
El proyecto de Código Procesal Penal que la presidenta Cristina Fernández anunció que enviará al Congreso es una deuda pendiente de la Justicia nacional y un reclamo sostenido de muchos operadores judiciales interesados en lograr procesos penales más veloces, justos y transparentes.
Según anunció la primera mandataria, el proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos, y adopta un modelo de justicia acusatorio en el que el fiscal investigue, el defensor defienda y el juez resuelva. El Código actual acumula críticas desde hace años porque el proceso es lento y los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver.
El texto que se enviará al Congreso prevé que ningún proceso podrá durar más de tres años y agiliza la revisión de las decisiones. Reconoce la tutela judicial de la víctima e incorpora la participación de la ciudadanía en el proceso de administración de justicia mediante jurados -que tendrán que ser regulados mediante una ley especial-.
Entre otros aspectos, se introduce además el principio de oportunidad procesal, que habilita al Ministerio Público a desistir de la acción pública por insignificancia u otras causales. Para el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Córdoba, Luis Rueda, este aspecto es fundamental.
En diálogo con Comercio y Justicia, Rueda recordó que hoy se inician causas que no tienen ninguna envergadura. “Lograr celeridad en los procesos es una materia pendiente y liberar a los tribunales de causas sin trascendencia es fundamental”, recalcó.
A su criterio, también debería limitarse la multiplicidad de recursos que se interponen en las diferentes instancias del proceso judicial para hacer más ágiles las investigaciones.
A su turno, también consultado por este medio, el fiscal federal de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, celebró que se trabaje en la aprobación de un nuevo Código Procesal ya que, según dijo, es un cambio que ha sido muy esperado y requerido por los operadores judiciales.
“Tener un sistema plenamente acusatorio es muy importante”, dijo Vidal Lascano quien, no obstante, recordó que en la Justicia federal de Córdoba se han ido implementando reformas parciales que permitieron aplicar un sistema mixto en el que los fiscales asumieron un rol más protagónico.“Muchas veces los fiscales estamos llevando adelante la instrucción”, señaló.
Un poco más escéptica, la titular de la Defensoría Oficial de la Justicia Federal de Córdoba, Mercedes Crespi, dijo que más allá de la sanción de un nuevo Código Procesal -“que es fundamental”- lo más importante es su puesta en marcha y la capacitación de los operadores judiciales.
“El problema son las prácticas, porque si no resulta que modifican la ley y como son los mismos jueces y operadores judiciales los que tienen que implementarla, buscan la vuelta para que todo siga igual”, opinó.
Pese a todos los reparos, Crespi opinó que la reforma permitirá que exista más igualdad entre las partes.
Otros cambios
La iniciativa prevé que los jueces dejarán de investigar y pasarán a transformarse en jueces de garantías. Serán quienes deban autorizar o denegar determinados requerimientos de parte del fiscal, quien tendrá a cargo la instrucción de la causa y la persecución penal integral.
El Ministerio Público de la Defensa también tendrá mayores facultades para intervenir en el proceso, generar investigaciones propias y establecer mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa pública oficial.
Las víctimas y los imputados tendrán más capacidad para participar en el proceso. Sin necesidad de ser querellantes, las víctimas tendrán herramientas para intervenir en caso de que se sobresea al imputado. Serán informados de las decisiones que los afecten y habrá un mecanismo específico para revisarlas.
Los riesgos procesales -como entorpecer la investigación y el peligro de fuga de los imputados- estarán regulados con pautas objetivas y serán tratados en audiencias orales.
En caso de que se dicte la prisión preventiva, existirán plazos de revisión de la medida cautelar.
Los recursos que se interpongan a lo largo del proceso se resolverán en audiencias específicas, para garantizar la agilidad del procedimiento de impugnaciones y a la vez la revisión amplia de las resoluciones de los jueces. Los planteos realizados durante la ejecución de la pena también serán tratados en audiencias, y se permitirá que la víctima intervenga antes de que el condenado egrese del sistema penitenciario.
