Una cooperativa de servicios públicos deberá asistir a un ex empleado adicto a las drogas

El trabajador, despedido mientras hacía un tratamiento de rehabilitación, inició una causa laboral por despido discriminatorio, en la que el tribunal tomó su decisión a modo de medida cautelar de tutela anticipatoria

El Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ª Nominación de Jesús María condenó a una cooperativa de servicios públicos a brindar, por un año, cobertura médica a un empleado que fue despedido mientras llevaba a cabo un tratamiento de rehabilitación por su adicción a las drogas.

El juez Luis Belitzky tomó esa decisión a modo de medida cautelar de tutela anticipatoria en una causa laboral iniciada por el trabajador por supuesto despido discriminatorio por razones de salud y haberes caídos, y aclaró que su fallo no puede considerarse un adelanto de opinión acerca de la procedencia de la demanda.

El magistrado ordenó que la cooperativa provea la cobertura de salud en las mismas condiciones vigentes al tiempo de producirse el despido, por intermedio de la obra social o prepaga con la que contaba.

El juez le impuso al empleado la obligación de acreditar mensualmente ante el tribunal que mantiene su tratamiento, con indicación específica de su evolución, bajo apercibimiento de revocar lo ordenado.

Asimismo, estableció que el plazo de un año puede prorrogarse “si corresponde en derecho” e indicó que si la empresa no cumple la condena aplicará una sanción económica (astreintes) a razón de tres jus por cada día de demora.

Paralelamente, le impuso al empleado la obligación de acreditar mensualmente ante el tribunal que mantiene su tratamiento, con indicación específica de su evolución, bajo apercibimiento de revocar lo ordenado.

Belitzky resaltó que el trabajador sufre una adicción al consumo de sustancias prohibidas y que, por esa razón, encaró un proceso terapéutico de rehabilitación.

Consideró que los adictos, lejos de ser sancionados, merecen un trato social digno que les permita la reinserción, así como una tutela judicial “efectiva y diferencial”; esto es, que la Justicia adopte las medidas necesarias tendientes a que se posibilite su rehabilitación “en la medida que su adhesión al tratamiento lo permita”.

También sostuvo que la rehabilitación conlleva un gasto importante por la indicación de medicamentos, de internaciones y de asistencia y acompañamiento, entre otras prestaciones “que el sector público de salud del Estado tal vez no puede afrontar en alguno de esos aspectos”.