Un fiscal opina que deben investigarse abusos sexuales ocurridos durante la dictadura que no se denunciaron

Se trata del agente Javier de Luca. Se expresó así al recurrir ante la Corte Suprema la decisión de la máxima instancia en lo penal federal que, por mayoría, declaró inadmisible un recurso para avanzar con la pesquisa

El titular de la Fiscalía General Número 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), Javier de Luca, interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra un fallo de la Sala II de aquel tribunal, en el marco de una causa en la que existirían elementos de prueba relacionados con abusos sexuales cometidos durante la dictadura militar que no fueron denunciados por las víctimas.

A su turno, el Juzgado Federal Número 1 de Bahía Blanca había determinado que no se podía avanzar en ese sentido ante la falta de denuncias, decisión que fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción.

El expediente llegó a la máxima instancia en lo penal federal, que declaró inadmisible el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Por ello, De Luca interpuso el recurso extraordinario ante la Corte.

El planteo ocurrió en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad en la que se solicitó la indagatoria de diversas personas.

El Juzgado Federal Número 1 de Bahía Blanca dispuso que no era posible avanzar con la pesquisa por cuanto las seis víctimas no denunciaron los abusos sexuales oportunamente, a pesar de que existían otros elementos de prueba y testimonios que permitirían acreditar su ocurrencia.

Según De Luca, en tanto existe un deber del Estado de investigar y juzgar la múltiple comisión de hechos cometidos “de manera sistemática y generalizada sobre las víctimas mujeres, como porción integrante de la población civil atacada”, no pueden invocarse disposiciones de derecho interno, como la instancia privada para algunos delitos sexuales, vigente a la época de los hechos.

Asimismo, entendió que tampoco correspondía indagar a los acusados con relación a los hechos padecidos por otras 30 damnificadas que tampoco instaron la acción y porque no existían otros elementos de prueba.

La fiscalía recurrió la decisión pero la alzada confirmó el fallo, lo que motivó el consecuente recurso de casación. El día 5 pasado, por mayoría, la Sala II de la CFCP lo declaró inadmisible, lo que propició el recurso extraordinario de De Luca ante la Corte.

Gravedad institucional

El representante del MPF de la Nación estima que existe una cuestión federal con base en la doctrina de la gravedad institucional, ya que en el caso gravita la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar el juzgamiento y eventual cumplimiento de pena de una persona acusada por la comisión de delitos que constituyen violaciones de los derechos humanos.

“De mantenerse firme lo resuelto, la investigación penal por hechos de violencia sexual y contra las mujeres durante el terrorismo de Estado no podrá avanzar, ya que se condiciona su prosecución a un hecho futuro, incierto y ajeno al Ministerio Público Fiscal (la instancia privada), pese a que existen casos en los que hay certeza de la imposibilidad de superar ese obstáculo por el fallecimiento de las víctimas, lo que equivale al cierre definitivo de la investigación", sostuvo.

Agregó que los artículos 71 y 72 del Código Penal (CP) “aplicados a los abusos sexuales producto del terrorismo de Estado” no pueden ser interpretados de “un modo que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones para establecer la responsabilidad de los culpables”. Para De Luca, “así lo mandan los principios de jerarquía constitucional” y alega que en el caso “no se produciría ningún perjuicio a la zona de intimidad para las víctimas”.

Por otra parte, señaló que, en tanto existe un deber del Estado de investigar y juzgar la múltiple comisión de hechos cometidos “de manera sistemática y generalizada sobre las víctimas mujeres, como porción integrante de la población civil atacada”, no pueden invocarse disposiciones de derecho interno, como lo es la instancia privada para algunos delitos sexuales, vigente a la época de los hechos.

Asimismo, resaltó: “Si han desaparecido por el transcurso del tiempo y el cambio de circunstancias, las razones por las cuales la ley le confirió el derecho a las víctimas de mantener en reserva la declaración de esos hechos, y si estas circunstancias no pueden ser oponibles por los imputados (la norma del artículo 72 no está concebida como un derecho subjetivo de los imputados sino de las víctimas de algunos delitos sexuales), no existe en la actualidad razón alguna para que los hechos no sean enjuiciados, por supuesto, como en cualquier delito que afecta determinados derechos personalísimos, adoptando las medidas procesales pertinentes de reserva y decoro en las audiencias correspondientes”.

En esa línea, arguyó que no se trata de un anacronismo o de la aplicación de un nuevo criterio a situaciones pasadas sino de, a su entender, el uso de “razonamientos jurídicos derivados de la ley ya vigente al momento de los hechos, en el contexto del enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad”.

Instancia privada

“Las normas que establecen la dependencia de la instancia privada para el ejercicio de determinadas acciones penales públicas, por tratarse de ‘casos federales’, porque son producto del terrorismo de Estado y aplicación del Derecho Internacional de los DDHH, no pueden ser interpretadas de un modo que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones dirigidas a enjuiciar y castigar a los responsables”, planteó De Luca en otro tramo de su escrito.

Finalmente, argumentó que en los supuestos analizados “las víctimas en algún momento manifestaron todos los delitos perpetrados en su perjuicio y en algunos casos exteriorizaron los abusos sufridos ante los órganos de la justicia”; y que, luego, “sus dichos fueron ratificados y/o complementados con declaraciones de sus amigas y/o familiares, con más o menos detalles de lo ocurrido”.

Bajo esa premisa, concluyó que “la acción penal estatal debe entenderse como instada, sin mayores exigencias o formalidades estrictas, y deberían ventilarse en un juicio oral y ver qué encuadre jurídico correspondería otorgarles”.