Pidió el concurso de acreedores y los bienes inventariados nunca aparecieron. El pasivo ronda
10 millones de pesos. La pena prevista para estos casos es de dos a seis años de cárcel
El fiscal de Instrucción en lo Penal Económico de 1ª Nominación, Matías Bornancini, resolvió enviar a un hombre a juicio oral acusado del delito de quiebra fraudulenta.
Se trata de Alejandro Daniel Graziani, un comerciante de Córdoba que tenía una gráfica y, en el marco de una situación personal de cesación de pagos, solicitó la apertura de su concurso de acreedores. El 13 de setiembre de 1999, la Justicia resolvió declarar abierto el concurso preventivo y, como ocurre en estos casos, se inhibieron los bienes del concursado en los registros pertinentes para garantizar el pago a los acreedores. Finalmente, se homologó el acuerdo preventivo.
La acusación surge luego de que se advierte que el imputado no informó al Juzgado qué hizo con los bienes que fueron inventariados por sindicatura. Ninguno pudo ser localizado.
“Adviértase que no se trata de uno o dos bienes de escaso valor. Los bienes
inventariados consistían en máquinas de distintos tipos como cosedoras, dobladoras, abrochadora electrónica, intercaladora electrónica, serrilladora, guillotina frontal automática, impresoras, off-Set, impresora tipográfica, máquina tipográfica, filmadora; además de muebles como estanterías, mesas, armarios, sillas, teléfonos, PC, Impresoras, equipamientos para oficina varios, mulitas, motocarga con cúpula; grúa y un vehículo marca Renault Rodeo patente CMJ 624, entre otros. Estos bienes fueron inventariados por la Sindicatura y habían sido valuados en la suma de $681.215,00 en su momento”, destacó la resolución judicial.
En este marco, el fiscal entendió que con su accionar, Alejandro Daniel Graziani dolosamente frustró la expectativa de cobro de todos sus acreedores, ya que no existen bienes para liquidar y hacer frente al pasivo, que asciende a la suma de pesos $10.088.920,39. A lo que se suma los elevados gastos judiciales que se devengaron y los honorarios de los profesionales intervinientes que se generaron.
La pena prevista para estos casos va de los dos a los seis años de prisión.
Maniobras fraudulentas
El fiscal Bornancini explicó a Comercio y Justicia que este tipo de causas llegan por remisión de oficio de los juzgados de quiebras: son muchas pero hasta el momento no eran prioritarias para ser investigadas.
“Ocurrió que un día nos dimos cuenta de que no es lo mismo una empleada pública que sacó un crédito para comprar una heladera, no pudo pagarla y se declaró en quiebra, que otro tipo de situaciones que esconden maniobras fraudulentas. En muchos casos, detrás está la evasión al Fisco; estamos hablando de casos con cierta relevancia económica”, señaló.
En ese sentido, el fiscal aseguró que están analizando estos casos porque “han detectado que existe montado un mecanismo, hay quienes saben que pueden hacer estas maniobras porque nadie los investiga y no tienen consecuencias”.