Un año es el plazo para cerrar la UCA

En un término no mayor a 72 horas, el ministro de Gobierno de Córdoba, Carlos Caserio, deberá presentar ante el Juzgado de Control Nº 2 -a cargo de Gustavo Reinaldi- un informe sobre la situación edilicia de la ex cárcel de Encausados y las condiciones de alojamiento de quienes allí se encuentran detenidos.
La resolución se enmarca en el hábeas corpus que fuera presentado por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, solicitando el cierre de donde actualmente funciona la Unidad de Contención de Aprehendido (UCA) y el traslado de todos los internos.
En rigor, se trata las nuevas medidas que reclamó el ombusman nacional, quien en octubre del año pasado había denunciado las pésimas condiciones edilicias de Encausados, que la hacían inhabitable.
Tras el motín del lunes último, Mondino reactivó su pedido al juez de Control, aunque reconociéndole que éste había tomado decisiones que permitieron corregir parcialmente las deficientes condiciones de detención.
En esta oportunidad, y respecto del pedido de clausura de la UCA, Reinaldi indicó que tal decisión “no se encuentra en el ámbito de su competencia”, sino que es propia de los poderes políticos.
En relación con el otro requerimiento, reiteró su pedido al fiscal General de la provincia, Darío Vezzaro, para que instruya a los fiscales de instrucción para que las personas detenidas a disposición de éstos no permanezcan alojadas en el edificio de la ex cárcel de Encausados “sino el tiempo mínimo indispensable”.
Sobre la resolución de Reinaldi, desde el Gobierno anunciaron que ya están trabajando en un plan de emergencias que permita resolver la situación de los detenidos de Encausados. En tal sentido, Caserio adelantó que comenzarán a reacondicionar las comisarías para que allí se puedan trasladar los contraventores que hasta hoy eran llevados a la UCA.
Asimismo, el funcionario provincial explicó que en los próximos días trasladarán un promedio de entre unos 30 y 50 internos condenados hacia la cárcel de Bouwer.
Sobre la construcción de la nueva Alcaidía anunciada por el gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Gobierno adelantó que este nuevo edificio tendrá una capacidad para unos 300 infractores. Dicha cantidad de plazas serían más que suficientes, teniendo en cuenta que los contraventores nunca superan los 180, precisó Caserio.
El tan anhelado cierre de Encausados llevará al menos un año, puntualizó el funcionario provincial.

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