ESCUCHARUber volverá a aceptar tarjetas de crédito. La compañía norteamericana precisó que sus choferes aceptarán pagos con Visa y Mastercard y aclaró que los viajes no tendrán el recargo del 30 por ciento aplicado a los consumos en el exterior porque es un servicio “que se presta en la Argentina por un residente argentino, con cargos en pesos argentinos”.
En septiembre de 2018, el magistrado Ladislao Endre, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Número 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sancionó a la empresa y a su CEO con multas de 60 mil pesos y les impuso dos años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el transporte de pasajeros, al considerar que organizaban actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público.
Meses después, en mayo 2019, la Cámara de Apelaciones porteña revocó el decisorio y las órdenes de bloqueo. Por esa razón, perdió sustento legal la desactivación de las tarjetas.
Mientras en Argentina el único distrito en el cual Uber opera regulado es Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires trabaja con dificultad y en Córdoba la activación de la plataforma generó un escándalo, otros países ya analizan la naturaleza de la relación que une a los denominados “socios conductores” con la firma.
En septiembre del año pasado, con el voto unánime de sus 10 integrantes, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil estableció que los choferes que usan la aplicación no son empleados.
Al revocar el fallo de una corte local, la Máxima Instancia brasileña argumentó que no tienen una relación de dependencia con Uber porque el servicio que proveen es casual y carece de horario y salario fijos.
Además, indicó que “las herramientas tecnológicas que actualmente está disponibles permiten desarrollar nuevas formas de interacción económica” y que así se creó la “economía colaborativa”, en la que los servicios provistos por un privado son “intermediados por compañías tecnológicas”.
Vía comunicado, Uber festejó la decisión y sostuvo que “refuerza” más de 250 fallos de otros juzgadores.
Batalla legal
Cabe recordar que la empresa norteamericana ganó su primera batalla legal en Latinoamérica en marzo de 2018, cuando el Legislativo brasileño aprobó un marco regulatorio para el funcionamiento de las denominadas Empresas de Redes Transporte (ERTs), tras dos años de debate.
El articulado la distingue de las empresas de transporte públicas y le da a las comunas competencia exclusiva para reglamentar y fiscalizar los servicios y le exige a los conductores contar con seguros especiales, entre otros requisitos.
Cada distrito controla que los vehículos y los choferes cumplan con el Código Nacional de Tránsito y está facultado para imponer exigencias locales.
Córdoba
En Córdoba, el anuncio de la empresa sobre la inminente puesta en marcha de la app, en septiembre de 2019, generó protestas de taxistas y remiseros.
El ex intendente se vio obligado a negar públicamente que hubiera presentaciones formales de la compañía tendientes a obtener habilitación, pero cuando Uber confirmó su lanzamiento, el conflicto se agravó y Ramón Mestre se alineó con los gremios que nuclean a taxis y remises.
Tras días de tensión, la Cámara Contenciosa Administrativa de 2° Nominación hizo lugar al amparo presentado por la comuna y dispuso suspender el funcionamiento de Uber.
Entre los fundamentos, el tribunal consignó que el transporte público de pasajeros urbano está regulado por ordenanzas del municipio capitalino.
Si bien reconoció que la modalidad del servicio que brinda podría estar contemplada en el derecho privado para los choferes y los usuarios, su funcionamiento debería regir a partir de nuevas regulaciones.
A esa altura, la Policía de Tránsito ya había secuestrado el primer “vehículo Uber” y le aplicó la sanción pecuniaria prevista en la legislación vigente: 72 mil pesos.
Poco después de activarse en la ciudad, suspendió actividades para proteger a sus conductores de multas exorbitantes.
