ESCUCHARTomar examen periódico a los jueces con el fin de “certificar” su idoneidad y hacerlos jubilar a los 75 años son las últimas dos iniciativas de lo que parece ser una cruzada que el Gobierno nacional ha decidido emprender contra la corporación de magistrados, que exaltó nuevamente las esferas del Poder Judicial.
Las discusiones de una y otra parte se enmarcan en otro debate, no menos importante, que tiene que ver con la modificación del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuya integración ha sido tildada por los jueces como “peligrosa”, atento a su carácter mayoritariamente político.
En Córdoba, el ex presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la Provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) y vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Domingo Sesín, alzó la voz y en exclusiva dialogó con Comercio y Justicia.
– ¿Qué opinión le merece esta idea de tomarle examen periódico a los jueces?
-Desde una perspectiva jurídica, hay que decir que establecer una periodicidad en las funciones del magistrado es contrario a lo que establece la Constitución de Córdoba y a lo que dice nuestra Constitución nacional. No hay que olvidar que la garantía de inamovilidad de los jueces sólo puede perderse cuando existe una mala conducta del magistrado y, dentro de la mala conducta, ya está contemplada la cuestión de la negligencia y el desconocimiento del derecho. Ahora, si tenemos en cuenta el sistema judicial de Córdoba, esta idea de tomar examen a los jueces se torna una exageración.
-¿Por qué?
– Porque aquí contamos con diferentes mecanismos de control. Tenemos un Consejo de la Magistratura que es uno de los más importantes del país, con una integración que no es mayoritariamente política y en el que no se establecen ternas sino que se respeta el orden de mérito de quienes rinden los concursos. Además, contamos con un Tribunal de Ética y un Centro de Perfeccionamiento destinado a capacitar a los magistrados. Por otro lado, tenemos el control que ejercen los abogados que leen cada una de las sentencias de los magistrados y pueden recurrirlas. Y por si esto fuera poco, aquel juez que tiene un número importante de revocaciones de sus sentencias puede ser susceptible de algún reproche.
– ¿Cree que esta iniciativa busca restarle independencia a los jueces?
– Yo creo que hay que trabajar por la independencia judicial y no buscar la forma de retacearla. Si la destitución depende del Poder político -como ocurre hoy con los Jurados de Enjuiciamiento- y a eso se le agregan exámenes periódicos por parte del poder político, es lógico que un juez se sienta presionado a la hora de tener que condenar a un funcionario.
-¿ Para usted los jueces deberían jubilarse a los 75 años?
-Depende de la persona. La edad no marca un antes y un después en cuanto a la idoneidad técnica y moral de un magistrado; es una cuestión de contigencia.
-¿Pero no es inconstitucional?
-Jurídicamente no me pronuncio porque hay posturas opuestas. Es una cuestión discutible jurídicamente. De cualquier modo, en Córdoba no existe una norma de ese tipo.
