ESCUCHAREn entrevista con Comercio y Justicia, el abogado Luis Caro, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas y asesor de la Cooperativa de Trabajadores de CIVE, se refirió a la situación de la fallida.
Al ser consultado sobre la ordenanza dictada por Concejo Deliberante (CD), que declaró de utilidad pública y sujeto a ocupación temporánea el inmueble de la firma junto a bienes muebles e intangibles, el profesional estimó que no se configuró un conflicto de leyes ni de poderes. “Estamos ante una ordenanza de expropiación emitida por el CD en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba (LOMC)”, señaló.
En tal sentido, Caro relató que la normativa otorga la atribución de establecer restricciones, servidumbres y calificar casos de expropiaciones por utilidad pública con arreglo a leyes que rijan la materia; entre ellas, la Ley de Expropiación de la Provincia.
“La ordenanza lo que ha hecho es declarar de utilidad pública los bienes de CIVE para poder cumplir una función que apunte al bien común”, opinó el letrado.
En esa línea, explicó que “si bien no hay dudas de que la Ley de Quiebras es una ley de orden público, también lo es que la misma normativa hace fuero de atracción de todos los juicios de contenido patrimonial, pero exceptúa algunos casos, entre ellos, los de expropiación”.
En tanto, sobre la sentencia que aceptó la propuesta de compra de Hugo Ardiles, el letrado resaltó que el acreedor fue accionista de la firma y que tras la declaración de la quiebra en 2006, en el marco de continuidad de la explotación, “la empresa vendía productos a precio vil a otra, con la cual el comprador estaba vinculado”.
Asimismo, el abogado enfatizó: “Hubo vaciamiento. La maquinaria está, los trabajadores están, pero la ganancia, la riqueza que produjo el desempeño de los obreros durante tres años, desapareció”. En esa inteligencia, disparó: “No sólo se vacía una empresa sacando bienes tangibles”.
Sobre la actuación de la Justicia, el letrado manifestó que “lo concreto es que hubo una quiebra con continuidad, donde los trabajadores cumplieron con su obligación de trabajar y que al fin de este proceso la decisión fue cerrar la fábrica y desalojar a los obreros”. Sobre lo resuelto por la magistrada Marcela Antinucci, opinó: “Fue un error importante”, acotando que los miembros de la cooperativa “descreen de esta postura porque los despidieron a fines de marzo de este año y sin cobrar un peso; sólo el último sueldo, a los 45 días”.
“Los trabajadores están convencidos de que la posibilidad de trabajar en comunidad es la salida para este proceso de CIVE”, expresó el asesor.
“La jueza ha sido parcial en favor de Ardiles. Por ejemplo, cuando presentó la primer propuesta, no había un solo número. Tras aquella, le pidió que la especificara. A la coperativa no le pidió nada; no obstante, cuando ésta apeló e hizo el ofrecimiento por el alquiler, la magistrada lo rechazó, quitándole legitimidad para actuar”, se explayó.
Responsable
Con respecto del compromiso de Ardiles para mantener los puestos de trabajo, Caro insistió en que “los obreros no tienen seguridad con el comprador, habida cuenta que estuvo comandando al empresa anteriormente y fue uno de los responsables
