ESCUCHAREl titular de la cartera de Justicia explicó que el objetivo es avanzar hacia una “agencialización”; es decir, un modelo similar al de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex Renar), para que actúe con independencia
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, confirmó que se presentó una propuesta para poner en marcha una agencia estatal que se ocupe de la protección de testigos e imputados en investigaciones judiciales.
El funcionario ratificó el plan del Gobierno saliente al terminar la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y sostuvo que habrá novedades en la materia esta semana.
En rueda de prensa, Garavano dio por hecho que habrá una “agencialización” de aquel programa; es decir, un modelo similar al de la la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex Renar).
«Son instituciones dentro del Estado que actúan con independencia y son autosustentables», precisó.
Actualmente, el sistema está regulado por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia.
Se enfoca en testigos e imputados arrepentidos que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983 y trata de personas) y que, como consecuencia de su colaboración, estén en riesgo.
La protección se activa a partir del pedido de la autoridad judicial que recibió la declaración del involucrado, luego del análisis de trascendencia. La solicitud debe ser acompañada por la opinión del representante del Ministerio Público y, a la vez, requiere la conformidad del director del programa, que debe basarse en la viabilidad de la aplicación de las medidas de cuidado y en la adaptabilidad a ellas de la persona cuya incorporación se solicita.
Es condición inexcusable para el ingreso la aceptación por parte del beneficiario, ya que implica restricciones al ejercicio de ciertos derechos y además, como en el caso de las custodias policiales, supone una afectación a la intimidad.
En 2003, la ley 25764 creó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. En 2005 se jerarquizó al organismo encargado de la dirección, otorgándole la categoría de Dirección Nacional, en el ámbito del Ministerio de Justicia.
– Actualmente, el sistema está regulado por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia.
– Se enfoca en testigos e imputados arrepentidos que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983 y trata de personas) y que, como consecuencia de su colaboración, estén en riesgo.
– La permanencia es voluntaria, pero una vez que la persona acepta ingresar, debe cumplir ciertas normas, como mantener la confidencialidad, permitir un examen socio ambiental y no asistir a lugares que impliquen poner en riesgo su protección.
– El programa busca preservar la seguridad de imputados y testigos que colaboren «de modo trascendente y eficiente» en una investigación judicial federal y que se encuentren en situación de peligro.
