Tenedores de créditos UVA reclaman una solución

Al igual que en el resto del país, en Córdoba se tramitan acciones colectivas e individuales, tanto en la justicia provincial como en la federal. Los abogados insisten en que estos contratos se enmarcan en la ley de Defensa del Consumidor y se quejan de la dificultad que implica litigar contra entidades financieras

Los reclamos judiciales de los tenedores de los créditos UVA terminarán en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si no se encuentra antes una solución política de fondo a la situación. [privado]

En los tribunales de todo el país se tramitan causas individuales y colectivas, tanto en el fuero provincial como en el federal, de ciudadanos que denunciaron haber firmado cláusulas abusivas y haber sido víctimas de publicidad engañosa. En algunos casos, los jueces hicieron lugar al planteo de cautelares pero aún no hay definiciones de fondo sobre la cuestión.

Así las cosas, el problema más acuciante para los demandantes son los plazos que se tomará la Justicia para definir el tema. “Los plazos de la justicia son muy largos y los bancos tienen todas las herramientas para dilatar al máximo los procesos judiciales. Un ciudadano común no cuenta con esas herramientas y se le hace muy dificultoso mantener un pleito tanto tiempo”, aseguró a Comercio y Justicia Julia Irazoqui, abogada de varios tenedores de créditos UVA.

Panorama

Los créditos UVA fueron presentados por el Gobierno nacional en 2016 como un reflotamiento del plan ProCreAr para fomentar el acceso de viviendas con créditos flexibles a tasas de interés bajas, tanto en la banca pública como en la privada. La gran diferencia con otros créditos es que no se prestaba una suma específica de dinero, sino una determinada cantidad de unidades de valor adquisitivo (UVA), que se actualizan de acuerdo con el costo de construcción de la vivienda y cuyo coeficiente se determina según la inflación. Esta fórmula implicó el aumento desmesurado tanto de las cuotas como del capital prestado a los deudores. A modo de ejemplo, esto implica que quien suscribió en 2016 una hipoteca por $1.000.000, y afrontó una cuota inicial de $10.000 mensuales, hoy en día, transcurridos cinco años, expone una deuda de capital exigible por los bancos otorgantes por aproximadamente $5.000.000.

Aunque algunos tenedores de crédito consiguieron cautelares que les permitieron contener el aumento de las cuotas, la Irazoqui aseguró que son herramientas muy delicadas que pueden terminar transformándose en una “bomba de tiempo”.

“Al final del crédito, la gente se encuentra con la acumulación de una deuda imposible de pagar. Por eso yo digo que hay que ser cuidadosos”, opinó y fue contundente respecto de quién debe resolver la cuestión: “La solución debe venir desde el ámbito político”.

En el país hay más de 116 mil tomadores de créditos UVA; en Córdoba son 10.780, muchos de los cuales acudieron a los tribunales. Actualmente, en la justicia federal de Córdoba se tramita una acción colectiva contra el Banco Nación que se encuentra en una etapa inicial. En la justicia provincial, además, hay además acciones individuales. Una de ellas obtuvo en febrero pasado un dictamen favorable de la fiscal Lourdes Ferreyra de Reyna, quien entendió que estos contratos hipotecarios se enmarcan en la Ley de Defensa del Consumidor. El dictamen, si bien no es vinculante, es un aliciente para los tenedores de los créditos que esperan que un juez declare nulas y abusivas las cláusulas que impusieron las entidades bancarias y las reformule.

Proyectos

Mientras tanto, en el Congreso hay una decena de proyectos que busca encontrar una salida a los créditos UVA. Sin embargo, ninguno avanzó ni en Diputados ni en Senadores. Uno de ellos plantea la novación del contrato UVA, consistente en la extinción de las obligaciones actuales, modificando las condiciones de estos créditos que determinan una actualización mediante la unidad de valor adquisitivo -atada a la inflación- por otra basada en el coeficiente de variación salarial. La iniciativa también incluye la creación de un fondo fiduciario para garantizar el financiamiento de esta política de Estado.

Mientras tanto, el próximo lunes termina el congelamiento de las cuotas que el Gobierno había fijado por decreto. A partir del 1 de febrero, los deudores de los créditos UVA deberán pagar las cuotas de sus préstamos hipotecarios con un aumento que rondará entre seis y nueve por ciento, según cada caso. El Gobierno anticipó que -en ningún caso- las cuotas podrán superar 35% del ingreso familiar.

“Esto no se resuelve poniendo un tope a las cuotas, porque el capital sigue subiendo”, señaló con preocupación la abogada Fernanda Yapur, quien obtuvo una cautelar, en una causa individual, en la justicia de Jujuy, para contener el aumento de las cuotas.

La abogada adelantó a este medio que, además, están trabajando en una denuncia penal por estafa contra los directivos de los bancos que otorgaron estos créditos. Será la primera demanda de este tipo en el marco de los créditos UVA. [/privado]