El Alto Cuerpo analizó que la Cámara no valoró, por tardía, una prueba decisiva. Y concluyó que los principios de celeridad y economía procesal se verían truncados si se obligara al Estado a iniciar un nuevo juicio ordinario para salvar la formalidad.
El resto del contenido sólo es accesible para usuarios suscriptos al diario. Si estás suscripto, iniciá sesión con tu usuario/e-mail y tu contraseña.
O podés enviar una solicitud de suscripción desde aquí.