ESCUCHARPor la ausencia de sus colegas Lorenzetti y Highton de Nolasco, necesitó su propio voto para conformar la mayoría. Lo secundará el actual titular, Carlos Rosenkrantz, quien a principios de este mes adelantó que no seguiría al frente del tribunal
A principios de este mes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Carlos Rosenkrantz, adelantó que no seguiría al frente del tribunal.
Además, se refirió a la percepción que la sociedad tiene sobre el Poder Judicial y dijo que “tiene razón cuando dice que la Justicia es lenta”.
No obstante, aclaró que no siempre los juicios son lentos por responsabilidad de los magistrados.
Rosenkrantz llegó a la Corte en 2016. Dos años después asumió la presidencia.
A días del final de su mandato y en medio de negociaciones internas y especulaciones sobre quién sería su relevo, afirmó que daría un paso al costado.
Sobre la inminente elección del nuevo presidente de la Máxima Instancia, sostuvo que las opiniones de la prensa, de la clase política y del Gobierno sobre aquélla no importaban porque se trata de una decisión interna que toman los supremos.
Sobre la decisión de la Corte de distribuir las facultades que antes le correspondían al presidente, manifestó que si bien al principio estuvo en contra, luego entendió que su posición fue errónea. “Fue un gran activo. El nuevo diseño del funcionamiento hizo que interactuemos unos con otros”, opinó.
Ayer, tal como se preveía, Horacio Rosatti fue elegido nuevo presidente de las CSJN, en una reunión de acuerdo extraordinario realizada a través de la plataforma virtual Zoom.
Ricardo Lorenzetti y Elena Highton estuvieron ausentes, por lo que Rosatti necesitó su propio voto para conformar la mayoría.
Rosenkrantz pasará a ser vicepresidente del Alto Cuerpo, en reemplazo de Highton.
Los nuevos mandatos estarán vigentes entre el 1 de octubre de este año y el 30 de septiembre de 2024.
Según surge de la acordada 18/2021 que dispone los cambios en la Corte, fue el ministro Juan Carlos Maqueda quien propuso a la nueva conducción.
Rosatti fue dirigente del peronismo de Santa Fe. Participó como convencional constituyente de la reforma de la Carta Magna, en 1994. También integró el Gobierno nacional, como ministro de Justicia, durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero renunció antes de cumplir un año en el cargo.
Llegó a la Corte en 2016, postulado por el entonces jefe de Estado Mauricio Macri.
Causas
Bajo la conducción de Rosatti, la Corte deberá entender en más de una decena de causas sensibles para el poder político; entre ellas, los expedientes por los casos Vialidad, Memorándum con Irán, Los Sauces, “cuadernos” y “ruta del dinero K”, muchos de los cuales tienen a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como encausada o querellante.
Los pormenores de la designación de Rosatti ratifican que hay divisiones en el tribunal que quedaron expuestas en decisiones recientes, en las cuales no lograron unificar posiciones. Por citar algunos, los casos Molinos Río de la Plata, Esso, Farmacity y Bertuzzi y Bruglia se definieron por mayoría. Lo propio sucedió con las actuaciones con las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La diversidad de criterios de los supremos quedó reflejada en otros fallos relevantes que dictaron a partir de 2016, con su conformación actual, como el primer caso que en el que se dispuso la aplicación del 2×1 para beneficiar a condenado por delitos de lesa humanidad, la sindicalización de policías y la obligatoriedad de los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Antes de la reunión de ayer, Lorenzetti informó que no podría conectarse porque estaría participando de las reuniones del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), en las cuales actúa en calidad de miembro del Governing Council.
Pese a que Highton solicitó la nueva postergación del acuerdo -que iba a hacerse el martes pasado- por la ausencia de Lorenzetti, Rosenkrantz le comunicó que la ausencia de un juez no constituía un impedimento legal para celebrarlo. Finalmente, la magistrada decidió no participar de la votación.
Proyecto
Al promediar agosto, Cristian Ritondo y Emiliano Yacobitti, diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley que establece que la presidencia de la Corte la ejerza el ministro con más antigüedad en el cargo, con una duración de tres años -el plazo actual-.
Los parlamentarios promovieron su iniciativa mientras se discutía el recambio en la titularidad de la Corte.
El presidente y el vicepresidente de la Corte son elegidos por mayoría absoluta de votos de los ministros del tribunal. Sus mandatos duran tres años.
Si se hubiera aprobado la modificación, el cordobés Maqueda, quien ingresó a la Máxima Instancia durante el mandato de Eduardo Duhalde, en 2002, la encabezaría.
A Maqueda le siguen en orden de antigüedad Highton, Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti.
Según los autores de la iniciativa, el texto busca ordenar la sucesión en la presidencia y terminar con las especulaciones políticas.
Por lo pronto, es la Constitución Nacional la que deposita en la Corte la facultad de su gobierno. El 1 de octubre de 2018, Lorenzetti dejó el cargo que ocupó desde el tramo final de la gestión del fallecido ex mandatario Néstor Kirchner. Lo reemplazó Rosenkratz, secundado por Highton. El mandato de Lorenzetti expiraba en 2019 pero sus pares decidieron acortarlo.
Decreto
Ante la situación de vacancia en el Máximo Tribunal, tanto el actual presidente como quien lo reemplazará, Rossati, fueron nombrados por decreto, en diciembre de 2015, a días de que Mauricio Macri asumiera la primera magistratura.
Las críticas de la oposición y de algunos integrantes de Cambiemos lo obligaron a dar marcha atrás y a dejar el nombramiento en manos del Senado, que terminó por designar a sus candidatos.
Pese a la controversia que generó la decisión de Macri, los expertos en la materia coincidieron en que tiene anclaje constitucional.
Así, si bien su utilización es de carácter excepcional, se justifica en aquellos casos en que se encuentra de por medio el ejercicio de la propia función judicial, un aspecto que sustenta el decreto 83/15, siempre que se respete la participación pública pautada en el decreto 222/03. Es decir, si el Ejecutivo realiza la designación pero también efectiviza el procedimiento del decreto 222/03, pone a consideración de la sociedad y de las agrupaciones no gubernamentales y profesionales, las condiciones de los juristas nombrados y cumple con la obligación de informar el acto dictado en el interés del correcto ejercicio de la función judicial, realiza una interpretación armónica y no regresiva de la manda constitucional.
