ESCUCHAREl ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que los ex funcionarios de la administración Macri que niegan el envío de municiones a Bolivia utilizan argumentos con los que intentan “tomarle el pelo” a la población y que a la acusación por el delito de contrabando agravado que podría caberles se suma el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Al respecto, Soria también ratificó que los responsables de ese envío podrían ser acusados por el delito de contrabando agravado, ya que las municiones se habrían enviado “ocultándoselo a la Aduana e informando un destino diferente”, ya que las municiones no fueron a la embajada argentina en La Paz.
Pero, a la vez, añadió que a esa acusación podría sumársele la de “incumplimiento de los deberes de funcionario” porque omitieron informar al Congreso nacional de ese envío, tal como lo establece la Constitución.
“Falsearon el destino (del material bélico) para que esa autorización no pasase por el Congreso”, acusó el titular de la cartera judicial, y enumeró a los funcionarios que, en principio, tendrían alguna responsabilidad en este hecho: el ex presidente Macri, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex canciller Jorge Faurie y el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, “por facilitar un avión Hércules” para mandar el cargamento.
También señaló al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, bajo cuya órbita actúa Aduana, cuya máxima autoridad era Jorge Dávila; también al ex responsable de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Eugenio Cozzi, y a “altos comandos de Gendarmería”.
