ESCUCHAREn su quinta jornada de alegato en el juicio “Vialidad”, el fiscal federal Diego Luciani cuestionó el dictamen que hizo la experta de la defensa de la vicepresidenta, la ingeniera Adriana Alperovich, quien desestimó sobreprecios en la obra pública concedida a Lázaro Báez.
“Para la perita de Cristina Kirchner, Lázaro Báez perdió plata; no sé para qué se presentó a estas licitaciones. Casi que le tendríamos que devolver plata”, dijo.
Denunció que la profesional “se alejó por completo de su función” y estimó que tuvo “un afán” para “forzar los números”.
En ese sentido, indicó que hubo sobreprecios en más de 200 millones de dólares en cinco de las 51 obras analizadas.
Para el representante del Ministerio Público, la ingeniera dio “vidriosas explicaciones” ante el tribunal y hasta admitió que ni siquiera consideró los costos de transportes en sus cálculos.
El agente aseguró que la ingeniera no tenía “expertise” en el análisis de obras viales y recordó que ella misma reconoció.
Además, dijo que faltó a 16 de las 30 reuniones que se hicieron en el colegio de peritos para analizar el caso y que desoyó “las claras advertencias que le hicieron sus colegas sobre las fuentes de información homogénea” a utilizar porque ella decidió “acotar su análisis a una serie de ítems definidos por ella misma arbitrariamente”.
Los peritos que declararon en la causa fueron los ingenieros Pablo Eloy Bona, de la Corte Suprema; Roberto Panizza, de la Fiscalía; y Adriana Alperovich, por la defensa.
El fiscal reseñó que Bona detectó sobreprecios en más de 198 millones de dólares respecto del presupuesto determinado originalmente, que Panizza planteó un estimado en 202 millones y que la perita propuesta por la ex jefa de Estado consideró que las cinco ofertas del Grupo Báez no tuvieron sobreprecio alguno y conforme a la selección de ciertos ítems que eligió concluyó que las empresa estuvieron 71 millones de dólares por debajo de los precios de plaza.
En otro tramo de su alegato, Luciani también expuso que los presupuestos oficiales y los del Grupo Báez no fueron elaborados con parámetros técnicos, sino con el fin de acaparar recursos públicos que fuera posible. Finalmente, volvió a fustigar el rol de la querellante Unidad de Información Financiera (UIF), que pidió la absolución de la mayoría de los implicados.
“En mis más de diez años es la primera vez que me veo obligado a realizar un planteo a una parte acusadora”, dijo.
Luciani puntualizó que el abogado Leandro Ventura dijo que consultó a “profesionales idóneos” que pudieran “explicarle” puntos de los peritaje y remarcó: “Si tantas dudas tenía, por qué motivo el doctor (Alejandro) Irachet, durante las siete audiencias (de declaraciones de peritos) no hizo ni una sola pregunta a los peritos actuantes. Me resulta increíble a la luz de lo que viene a plantear la UIF”, añadió.
En esa línea, insistió con que la postura de la unidad anti lavado es “temeraria”.
