ESCUCHARLa Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, presidida por el senador Ricardo Kroneberger (UCR), se reunió y recibió a Juan José Bockel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y a Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto interino de la Procuración Penitenciaria, quienes presentaron sus informes de gestión y respondieron preguntas.
Al inicio del encuentro, Kroneberger recordó que la comisión estuvo varios años sin funcionar y planteó que se le debe “otra impronta”.
A su turno, Bockel explicó los mecanismos de funcionamiento de la Defensoría y detalló que sus reuniones periódicas “no ocasionan gastos gracias al zoom”. Además, afirmó que se busca “tener una política de ser colaboradores activos de las distintas administraciones y no ser obstáculos”.
A su turno, Meliare precisó que el área que encabeza trabaja sobre tres ejes: sensibilizar sobre los problemas de la cárcel, ponerlos en la agenda pública y construir posibles soluciones.
Se refirió a la sobrepoblación, recalcó que hay dos proyectos de ley de la Procuración al respecto e instó al Congreso a tratarlos.
También pidió que se incorporen “criterios de alojamiento respetuoso de los derechos humanos”.
Asimismo, hizo hincapié en la sobrepoblación de detenidos en comisarías y alcaldías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en lugares que no son adecuados. Indicó que están a disposición de jueces nacionales y que deberían estar en cárceles federales.
Kroneberger propuso que el año que viene se ponga en marcha un programa de trabajo para insertar los temas que plantearon los legisladores presentes y recalcó que tanto la Defensoría como la Procuración tienen autoridades interinas. En ese marco, planteó que hasta que se logre la “normalización definitiva” deberían ser ratificadas en sus puestos.
Emergencia
En abril pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación prorrogó por dos años la emergencia en materia penitenciaria.
Lo hizo mediante la Resolución 254/2024, que advirtió que las circunstancias que motivaron la declaración de emergencia en 2019 y su prórroga en 2022 se agravaron.
Traspaso
Hace 10 días, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la CABA sentaron las bases para comenzar a trabajar en las competencias del SPF en el ámbito porteño en la ejecución de penas privativas de la libertad y guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad.
“Con esta transferencia vamos a tener a cargo a quienes delinquen en nuestra jurisdicción. Nos unen el orden y la decisión de trabajar en equipo”, publicó luego en sus redes sociales el jefe de Gobierno porteño.
Con la firma del traspaso, la Policía de la CABA podrá liberar personal.
