Después de ventilarse serias acusaciones contra la policía cordobesa por complicidad con el narcotráfico, hecho que derivó en el apartamiento de la cúpula policial; y luego de una exitosa “marcha de la gorra”, que desenmascaró las tradicionales formas de represión policial y denunció la falta de una política de seguridad respetuosa los estándares mínimos de las exigencias constitucionales de un estado de derecho. ¿Acaso no era previsible una reacción policial?
Por Patricia Coppola* – Exclusivo para Comercio y Justicia
Así las cosas, una policía desprestigiada y mal paga, bajo pésimas condiciones laborales, se acuartela para demostrar: “ahí tienen la ciudad sin nosotros”, con sospechosas bandas organizadas que salen a saquear inmediatamente y los oportunistas de siempre que aprovechan el ruido generalizado para llevarse un televisor, botellas de cervezas o simplemente especular con el caos social.
Los daños materiales, centenares de heridos y un fallecido fueron los resultados directos de dicha acción. Comerciantes víctimas del atropello y la delincuencia, ciudadanos asustados encerrados en sus casas y los “justicieros” de siempre defendiendo sus intereses a como de lugar, y pidiendo orden.
Igualmente grave es la pérdida de institucionalidad. Un grupo armado (la policía) impone sus condiciones, y muestra su “fuerza”: la ciudad devastada. El gobernador José Manuel De la Sota respaldado por su gabinete y en medio de los “vivas” de su militancia nos dice que han “llegado a un acuerdo” con la policía, que agradece a los que no abandonaron nunca su uniforme azul, que la Provincia va a recompensar a las víctimas y que se va a castigar a los delincuentes, que mejor quememos nuestro DNI porque los cordobeses no somos parte del gobierno nacional y que “se cuiden los malvivientes que nuestra valerosa policía saldrá inmediatamente a poner orden”.
Nada nos dice acerca del acuerdo salarial con la policía, ni tampoco sobre las sanciones que deberían corresponderle a un cuerpo armado que no puede, en democracia, extorsionar a un gobierno desprotegiendo a la ciudadanía. Pero, sobre todo, nada nos dice acerca de la responsabilidad que le cabe a su Gobierno por el fracaso de la política de seguridad, que muestra debilidad, selectividad y falta de ideas.
Gobierno
Lamentablemente, cada nueva crisis de seguridad vuelve a insinuar que la especulación política se impone a la responsabilidad del cargo, generando respuestas equivocas, mezquinas y a todas luces riesgosas.
Tanto desde el gobierno de la Provincia como desde el nacional respondieron con esta lógica, sin recibir por ello la condena social que merecen.
Córdoba pide a gritos y desde hace mucho tiempo una política de seguridad integral, eficaz y transparente, respetuosa de los derechos de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.
No es fácil, sabemos que una política de seguridad democrática -cuyos efectos sólo se podrán ver en el mediano y largo plazo- no redunda electoralmente como el discurso de la mano dura que tantos votos aporta a la hora de elegir candidatos.
Discurso
Una ciudadanía que se siente desprotegida “compra” el discurso rabioso y estigmatizador y lo que es peor aún, justifica la justicia por mano propia, la que no sólo es ineficaz en términos de control de la delincuencia, sino que legitima la peor de las respuestas: más violencia.
Una sociedad que se pretende democrática no puede tolerar la violencia, una demanda justa (como lo son condiciones dignas de trabajo) no debe canalizarse de modo extorsivo y la respuesta política no puede ser a espaldas de la sociedad y en beneficio de un orden que vuelva amparar negocios espurios y dilate reformas estructurales que, sin dudas, implican también la sindicalización policial.
* Miembro de la Junta Nacional del Inecip.
