Skasnka: piden citar a más de 600 testigos y producción de pruebas para el juicio oral

En el marco del caso “Skanska”, el fiscal federal Abel Córdoba solicitó que sean citados más de 600 testigos y que se ordene un entrecruzamiento de llamadas entre el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López, y empresarios.
Lo hizo al presentar su pedido de prueba para el futuro juicio oral, por la presunta comisión de los delitos de cohecho y administración fraudulenta por parte de De Vido; López; el ex gerente de Nación Fideicomisos, Nelson Ulloa, y el ex gerente comercial de la empresa, Javier Azcárate, entre otros procesados que fueron enviados a debate en octubre de 2019.
En el expediente se investiga el supuesto pago de coimas mediante el uso de facturas apócrifas, con el objetivo de que la empresa fuera beneficiada en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur.
El proyecto de Ampliación de Gas 2005 preveía una expansión de la capacidad de transporte de gas natural que comprendía la instalación de gasoductos -los sistemas norte (TGN) y sur (TGS)-, el acondicionamiento de las plantas compresoras y la construcción de una nueva.
Se planeó que las obras serían financiadas por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomiso y los presuntos sobornos -pagados en forma de sobreprecios- se habrían concretado luego de que se modificara la forma de licitación.
Entre los testigos que la fiscalía quiere presentes en el juicio figuran el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el empresario Benito Roggio y el ex titular de la Afip Alberto Abad.
En tanto, Córdoba le solicitó al Tribunal Oral Federal 4 que admita como nueva prueba un pedido de la nómina de abonados telefónicos que usaban los encausados, para ordenar luego un entrecruzamiento de llamadas.
Hace más de un año y medio, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público a 31 imputados que estaban procesados desde 2017.
Dio por clausurada la parte de la investigación en la que se indagó el “acuerdo espurio efectuado entre empresarios y funcionarios públicos del gobierno argentino, en el que se acordó que los primeros realizarían pagos a los segundos, en carácter de sobornos”.
Según el magistrado, el accionar delictivo requirió de la presencia de tres clases de intervinientes: por un lado, los funcionarios públicos; por otro, los dependientes de la firma Skanska SA, y por último, de personas que participaron en la confección de la facturación falsa y el cobro de cheques librados por la compañía, con destino a coimas.
Al De Vido, a López y a Ulloa el juez les enrostra haber recibido dinero de directivos del grupo económico, a cambio su intervención “en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio denominado ‘Proyecto de Expansión de Gas 2005’, mediante el cual se garantizó la selección y adjudicación a Skanska, pese a la existencia de desvíos presupuestarios”.
“Se corroboró que percibieron pagos instrumentados por directivos y dependientes de la empresa, que extrajeron $13.949.829,87 con el objeto de destinar, al menos parte del total, a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo”, detalló.
La causa comenzó en 2006, por la denuncia del entonces diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez.
En agosto de 2017, al rechazar un recurso del ex gerente Comercial de la multinacional sueca, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgó validez probatoria a una grabación telefónica sobre el presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner por esa empresa, para obtener contratos.
Se trata de una conversación registrada por un síndico de la empresa en la que Azcárate admite que se abonaron coimas a cambio de la adjudicación de las obras. Según se sospecha, las maniobras se habrían concretado mediante un sistema de facturación apócrifa.
La causa llegó ante la CSJN por el recurso presentado por los abogados de Azcárate en contra de la validez de la escucha realizada por el auditor interno de Skanska, Claudio Corizzo, el otro protagonista de la charla.
El tribunal consideró que el recurso extraordinario presentado por la defensa de Azcárate no cumplió con el requisito de fundamentación autónoma ni refutó los fundamentos de la resolución apelada.
El fallo cuestionado sin éxito por Azcárate fue dictado a mediados de 2016 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que a instancias de la propia Corte dispuso reabrir la causa.
La conversación telefónica entre Corizzo y Azcárate se habría registrado en 2006, luego de que la sede de la empresa en Buenos Aires fue allanada por disposición del entonces juez federal Guillermo Montenegro.
El magistrado convocó a indagatoria al ex titular del Enargas, Fulvio Madaro, y al ex gerente de Fideicomisos del Nación, Ulloa.
El ex juez Norberto Oyarbide, quien intervino en la causa, procesó al entonces secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, a Madaro y a Ulloa, quienes luego fueron sobreseídos.
En 2011, la Sala I de la Cámara Federal, con el voto de los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, anuló la prueba alegando que no podía usarse porque se trató de una grabación clandestina en la que Azcárate se autoincriminaba. También descartó sobreprecios y coimas.
La Alzada argumentó que hubo una “decisión política” de hacer las obras frente a la crisis energética y la necesidad de suministro de gas en el invierno del 2005 y, pericia mediante, consideró justificados los presupuestos que pasaron las empresas contratistas (Skanska, TBU, Techint y Odebrecht), pese a que superaban a los proyectados por las gerenciadoras.
“Aun con el desfase entre la inicial proyección de costos y el precio final, la irrazonabilidad predicada por Oyarbide es tan sólo producto de una argumentación circular y autoconfirmatoria”, plasmó.
Según Freiler, Ballestero y Farah, el juez “construyó” la teoría de las coimas en un “plano especulativo”, cuando “se vio frente a una vía muerta al intentar avanzar en la ruta del dinero que salió de Skanska”.
Si bien la escucha fue declarada nula, en diciembre de 2015 la Corte, por pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo por ese entonces de Manuel Garrido, dispuso que se revisara la decisión. Luego, la Casación la declaró válida.
La defensa del ex gerente Comercial de Skanska dijo que el diálogo telefónico en el que Azcárate hablaba de facturas falsas y de cómo se repartieron las multimillonarias coimas, fue fruto de un “engaño” y la calificó como una grabación “parajudicial” porque no fue ordenada por ningún magistrado.
No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, aclaró que “las grabaciones, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles”.
Y expresó: “Azcárate le contó a Corizzo lo que había sucedido sin presiones de ningún tipo, conociendo las consecuencias de sus dichos, pues su relato estaba dirigido a quien la empresa había dado la función de averiguar lo ocurrido”.
En la misma dirección, precisó que la declaración no fue realizada de forma subrepticia y que, por ello, el contenido de las expresiones no se obtuvo de manera fraudulenta.

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