ESCUCHAREl Senado comenzó esta mañana la segunda jornada de debate en comisiones sobre la ley de legalización del aborto, con las exposiciones de expertos sanitarios y el foco puesto en los costos de la implementación de la ley para el sistema de salud.
En la segunda jornada de debate se repetirá el esquema de ayer en el que los senadores escucharán por videoconferencia las exposiciones de 10 especialistas por la mañana y otros diez por la tarde.
La primera jornada de debate giró en torno de la constitucionalidad de la iniciativa sancionada por Diputados, durante un plenario en el que expertos en Derecho plantearon sus diferencias en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción.
La primera de las expositoras, Estela Manzano, médica ginecóloga y especialista en medicina legal del hospital zonal de Trelew (Chubut), se pronunció a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo, al señalar que la legalización «evita secuelas físicas y sufrimiento psíquico de las mujeres por haber sido forzadas» a llevar adelante un embarazo no deseado.
Manzano consideró que el principal motivo para aprobar la norma «es que no se pueden salvar las dos vidas porque un aborto a cualquier edad gestacional es menos peligroso que un parto de acuerdo a todas las estadísticas».
«Es imposible evitar la aparición de las enfermedades que el propio embarazo causa en el tercer trimestre», dijo, y evaluó que «ninguna persona debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la vida de otro».
María de Uarraza, médica obstetra y detractora del proyecto, opinó que se busca «legitimar el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional, aumentar la cantidad de abortos y ampliar cobertura de aborto irrestricto en todo el país y amedrentar a los médicos que se resisten a obrar en contra de las leyes de la humanidad».
La médica aseguró que «no hubo complicaciones en los hospitales porque no las registraron», sostuvo que «los que mandan en los hospitales públicos son los abortistas» y dijo que esas complicaciones «generan una situación tremenda para el personal» como «neonatos que nacen vivos».
Respecto a los costos del sistema de salud, Sonia Tarragona, del Ministerio de Salud de la Nación, precisó que hoy «se gasta mucho más por no hacer los abortos en el sistema legal que si se hicieran dentro del sistema» y afirmó que el sistema de salud gasta entre 2,6 por ciento más que si se decidiera avanzar en la legalización».
«El argumento del costo no debiera ser un argumento para avanzar en esta práctica, es falaz creer que nos va a costar más caro como sistema», sostuvo la funcionaria, que defendió la propuesta de legalización, con media sanción de la Cámara de Diputados.
Para Tarragona, «un 75 por ciento de los abortos tiene contactos igual con el sistema de salud (aunque se practiquen en el sector privado), lo que significa que si bien la practica se hace fuera del sistema porque es ilegal, el resto de las atenciones que requiere el aborto como el control o terminar un aborto incompleto terminan llegando en el sistema de salud».
La funcionaria precisó que un aborto incompleto le cuesta al sistema de salud pública unos 85.000 pesos por práctica y que el costo anual sería de 51 millones de pesos.
