Si el perito acepta el cargo, se le deben regular honorarios

El fallo advirtió que si la juzgadora de grado no estaba conforme con la tarea del especialista, debió llamarlo y pedirle las explicaciones del caso

Al entender que la decisión del juez a quo de no regular honorarios a un perito psiquiátrico oficial con base en su inoficiosidad no se compadecía con las constancias de la causa ni con lo establecido en el Código Arancelario (CA), norma que ordena regularlos por el solo hecho de aceptar el cargo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió la casación presentada y cuantificó los honorarios del especialista en ocho jus.

El perito en cuestión se agravió porque la magistrada de grado decidió no regularle estipendios por la labor pericial realizada en autos y, ante ello, el Alto Cuerpo integrado por los vocales Luis Enrique Rubio, Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio Angulo, al analizar la casación, indicó que la jueza de la instancia previa resolvió que no correspondía retribuir la labor llevada a cabo por el especialista, por estimarla inoficiosa (conforme lo prevé el artículo 47 in fine, de la ley 9459). A esos fines, la sentenciante precisó que el experto no estableció los elementos objetivos en que se basó para determinar que la reclamante padecía la incapacidad que diagnosticó.

El fallo relató que la a quo había entendido que el perito se limitó a formular aserciones sin mencionar los medios técnicos en que se basó para evaluar el relato de la accionante, ni para justificar la conclusión obtenida.

Así las cosas, la Sala Laboral remarcó que la juzgadora había estimado que se trató de un acto voluntarioso, carente de eficacia convictiva para acreditar la existencia de una patología psiquiátrica, que deba ser objeto de reparación.

Tareas

Bajo esas premisas, los vocales observaron que de autos surge que el profesional cuestionado, luego de interrogar y analizar a la trabajadora en el día y hora estipulados, confeccionó el pertinente informe, precisándose que en éste puede observarse que consignó los datos personales de la paciente, sus antecedentes familiares, fisiológicos y patológicos, el relato de la actora con relación a la enfermedad actual, las conclusiones que extrajo de los datos obtenidos en el examen psiquiátrico, así como la realización de maniobras antisimulatorias.

Finalmente, el TSJ sostuvo que el perito determinó la patología y el porcentaje invalidante que detectó, así como su calificación médico legal -reacción vivencial anormal neurótica, de etiología psicosomática Grado I-II, en un 7% de incapacidad de la total obrera, secundario a la patología física que padece (disfonía)-.

Frente a ello, los vocales consideraron que lo expuesto refleja que el psiquiatra de oficio, a quien se recurrió precisamente porque los jueces no poseen los conocimientos especializados en la materia, cumplió la tarea encomendada.

Por lo expuesto, la decisión valoró que, si a la sentenciante no la convenció el trabajo presentado ni el diagnóstico al que arribó, centrando sus reproches en la presunta ausencia de elementos objetivos que corroboren el relato de la accionante (cuestión técnica y vinculada a la naturaleza de la enfermedad de que se trata), antes de privarlo del elemental derecho a obtener una retribución por la actividad desplegada, debió, en todo caso, requerirle explicaciones o aclaraciones al respecto.

Derecho

Al respecto, los supremos resaltaron que el artículo 49, 2º párrafo, de la referida ley arancelaria 9459, tal como lo pone de relieve el profesional al objetar la decisión de la a quo, prevé que, incluso, la sola aceptación del cargo genera derecho a honorarios (cuando no se pudo cumplir la misión encomendada por cuestiones que son ajenas a la voluntad del perito).

Entonces, el TSJ concluyó que si en el caso el galeno hizo la pericia y dictaminó -como era su responsabilidad-, la decisión de no regularle estipendios se aparta de las constancias de la causa y de la normativa arancelaria aplicable.

En tales condiciones, en el fallo resolvió que debe anularse el pronunciamiento en el aspecto tratado y estableció los honorarios correspondientes al casacionista, en la suma equivalente a ocho jus, a cargo de la demandada, en función del artículo 28 del Código Procesal del Trabajo.