Segunda audiencia en el Senado por el aborto

En la segunda jornada de audiencia pública en el plenario de las comisiones de Salud; Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales del Senado, se presentaron 22 especialistas a favor y en contra de la iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La doctora en derecho y ex jueza de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci, hizo una encendida defensa del proyecto que tiene media sanción en Diputados y dirimió, durante una hora, uno de los debates centrales sobre el tema: el derecho de las mujeres a decidir y el derecho a la vida.
“En el aborto, cuando entra en conflicto este derecho de la mujer con este derecho que también tiene el feto desde la concepción, las leyes de muchísimos países del derecho comparado y el proyecto de ley que nosotros estamos analizando dice: primero va a haber una progresividad. Entonces, el primer límite lo voy a poner a ese presunto derecho absoluto a la vida del feto”, afirmó. Y agregó: “En el primer trimestre, como el feto no tiene suficiente desarrollo le damos más peso al derecho a la autonomía de la mujer. Cuando tiene más desarrollo el feto, menor autonomía para la mujer. Esa menor autonomía no se extingue sino que le decimos: ahora va a tener que venir con las causales”.
También a favor de la iniciativa, el abogado Andrés Gil Domínguez afirmó que el proyecto “no ofrece ningún tipo de objeción constitucional ni convencional para que el Senado sancione la ley”. El constitucionalista consideró que tampoco viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los Derechos del Niño. Por su parte, la ginecóloga María de los Ángeles Carmona sostuvo que los médicos no deberían trabajar “bajo presión de cárcel”, al referirse a la objeción de conciencia. “La objeción de conciencia es un bien constitucional no negociable”, señaló Carmona, también representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.
“En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”, polemizó el senador Miguel Angel Pichetto, presidente del interbloque Argentina Federal.