ESCUCHARPor las críticas al proyecto que busca bajar la imputabilidad de 16 a 15 años, el Gobierno abrió una convocatoria a la sociedad civil. Los interesados deben ingresar a la página web del ministerio de Justicia de la Nación para hacer sus aportes
El Ministerio de Justicia de la Nación recibe desde esta semana sugerencias para el anteproyecto de Régimen Penal Juvenil. La cartera que conduce Germán Garavano publicó el texto de convocatoria en su página web. Cabe recordar que la iniciativa, que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años, tiene un total de 100 artículos, muchos de ellos cuestionados desde distintos sectores.
Por ello, el Misterio también publicó en su página web el anteproyecto de Régimen Penal Juvenil, y afirmó que la decisión tenía el objetivo de abrir “a participación la iniciativa” para recibir aportes de los ciudadanos.
“Este anteproyecto es el resultado de más de tres años de trabajo que involucraron, a partir de la activa participación en Justicia 2020, a más de 3.000 participantes entre expertos de todo el país y miembros de la sociedad civil. Una comisión redactora, de la que participaron expertos de Unicef, preparó las bases del anteproyecto consensuado”, se destacó.
Responsables de la cartera enfatizaron que el proyecto es el resultado de “un largo trabajo” y de un “consenso”, que contó con la voz de representantes de todo el espectro político y social, en el contexto de la necesidad de actualizar un régimen que tiene casi 40 años.
Se aseguró que el régimen que se propone hace foco en el “cuidado de las víctimas, involucrándolas” e introduce alternativas de inserción social para que esos jóvenes no vuelvan a cometer delitos.
“Se busca fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos. La privación de la libertad se encuentra prevista como último recurso”, agregaron.
Garavano, encabezó la semana pasada la primera reunión de presentación del debate para reformar la ley penal juvenil. Estuvieron presentes 75 personas, entre funcionarios nacionales y de distintas provincias, jueces, fiscales y defensores oficiales.
Allí se explicó la metodología para las modificaciones. Será en ocho mesas de trabajo en las que se discutirán temas como justicia especializada, medidas alternativas a la prisión y al proceso penal, delitos y sanciones acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño, las condiciones de detención que fomenten la reinserción, la edad de imputabilidad, el sistema de articulación permanente, sistema de información y el abordaje preventivo.
Según se afirma, la iniciativa tiene cuatro objetivos fundamentales: contar con una justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa, fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos, procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.
Análisis
El anteproyecto, que sería enviado al Congreso en febrero, para las sesiones extraordinarias.
Además de bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años, la propuesta establece la intervención de una justicia especializada en la adolescencia y plantea que la prisión será el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
Otro de los puntos centrales, según se asegura, es que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.
El máximo de cárcel será de 15 años y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.
Por otra parte, uno de los artículos propone que en caso que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores, se incorporarán mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.
Además el anteproyecto prevé sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; el tratamiento médico o psicológico.
La prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año.
También se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de semana” en centros especializados, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.
La realidad en números
– Un estudio realizado en 2015 por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef muestra que en la Argentina hay casi 7.200 menores en conflicto con la ley
(es decir, que se encuentran cumpliendo una pena o restricción dictada por un juez).
De ello, 18% (más de 1.300) se encontraba preso en alcaidías, centros cerrados y
comisarías. El resto estaba, sobre todo, bajo programas de supervisión estatal donde cumple las medidas judiciales en su entorno familiar y comunitario.
– Si se analiza sólo a los adolescentes que están privados de su libertad por
edades, se observa que el mayor porcentaje en el país corresponde a los 17 años. Esos jóvenes representan casi 43% de la muestra total. Por su parte, 20,1% tenía 18 años al momento de la encuesta, y en el otro extremo hay un 3,8% con
menos de 16 años.
– Este último porcentaje equivale a 50 chicos menores de 16 años, es decir,
adolescentes que están encerrados por decisión de un juez a pesar de ser no punibles.
